Como lo ha instruido el gobernador Omar Fayad, la corrupción se debe combatir a partir del funcionamiento de un Estado de Derecho, en el que prevalezcan la transparencia de la información y la rendición de cuentas, y es en ese sentido que tenemos la suerte de vivir en uno de los estados que busca abatir la presencia de actos contrarios a la ley en el servicio público.
De acuerdo con el Semáforo Anticorrupción 2018 actualizado en enero de este año, realizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Hidalgo ocupa el segundo lugar en el país, junto con Colima y Sonora, con el mejor sistema articulado a nivel interinstitucional, solo por debajo de Quintana Roo.
Hidalgo cumplió en tiempo y forma con el Andamiaje Jurídico, al presentar por parte del Ejecutivo el 22 de mayo de 2017 el Decreto 183 de la 63 Legislatura que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en la cual se establecen las bases mínimas del Sistema Estatal Anticorrupción. Después el 10 de julio de 2017 se publica la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo y las reformas y creación de las otras 5 leyes secundarias, en caso de la Ley General de Responsabilidades nos remitimos a la misma.
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