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Hay un avance del juicio contra el gobierno de Tolcayuca y Tizayuca por el conflicto de límites municipales, consideró Valentín Chávez Miranda, integrante del Frente Ciudadano por un Tizayuca con Dignidad AC, al ordenar el gobierno estatal actual frenar cualquier autorización de construcción de viviendas en la franja que se autoadjudicó el cabildo de Tolcayuca y por el cual, la constructora Cesvi y quienes compraron más de 600 casas, le pagaron por diferentes permisos, derechos y contribuciones a esa alcaldía alrededor de 200 millones de pesos.
Se trata del área conocida como Olmos donde se edificó el fraccionamiento Andalucía, en el cual la primera etapa está en Tizayuca y la segunda fase (dos mil 200 casas), según se ubica en Tolcayuca, esa es lo que provocó que en abril de 2021 un grupo de pobladores (algunos miembros hoy del Frente) interpusieran un juicio por la vía civil y en enero de 2022 una denuncia en la Fiscalía anticorrupción contra la alcaldesa Susana Araceli Ángeles Quezada por su omisión de suspender la obra inmobiliaria, refirió como antecedentes.
En agosto pasado acudieron al Palacio de Gobierno, en Pachuca, a entregar un expediente y tarjeta informativa sobre el conflicto de límites, acompañado de dos mil 414 firmas de tizayuquenses que le pedían intervención al ejecutivo Julio Menchaca Salazar, ante la nula respuesta y diálogo de la presidenta municipal emanada de Morena; los documentos se entregaron en el despacho del mandatario estatal, recordó.
Derivado de ello, subrayó, sin recordar el nombre del secretario técnico del despacho del gobernador, en noviembre pasado les informó que al enterarse de su solicitud y evidencias jurídicas –han obtenido dos suspensiones de los actos reclamados por juez del Tribunal Superior de Justicia, pero que no se había notificado a la constructora Cesvi para que detuviera la obra de la tercera etapa consistente en cinco mil viviendas más-, se ordenó a varias áreas suspender cualquier autorización de trabajos del fraccionamiento Andalucía.
En la Fiscalía estatal anticorrupción no existe un avance, puntualizó, pero consideran que en todo este caso, un avance sustantivo fue la determinación de frenar los permisos estatales a la empresa inmobiliaria, opinó.
Además de que le hicieron el trabajo al cabildo de Tizayuca al detener el avance de Cesvi y que Tolcayuca ha captado por la construcción de la segunda fase de viviendas alrededor de 200 millones de pesos, que eventualmente deberá regresar si se confirma que es territorio de Tizayuca, dijo Valentín Chávez que es buena señal la decisión del gobernador porque estaría dando la razón de que se cometió un acto indebido avalado por los alcaldes de los municipios citados.
En reacción a lo anterior, Araceli Ángeles y el síndico jurídico interpusieron un recurso jurídico en el Registro Público de la Propiedad, por el cual echan abajo lo que permitieron a Tolcayuca y Cesvi, la segunda fase de la unidad habitacional, señaló.
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