Pese a tener una población de 168 mil 369 habitantes según los más recientes datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), Tulancingo únicamente cuenta con 200 elementos de policía, que representa poco menos de 12 uniformados por cada 10 mil habitantes, promedio que está 42 por ciento por debajo de los estándares que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los que se traducirían en una plantilla de 470 elementos.
Durante la reciente entrega de patrullas al municipio, evento en el que el gobierno del alcalde priista Jorge Márquez Alvarado dispuso cinco nuevos vehículos para el equipo de Seguridad Pública, el titular de esta área, Rafael Guerrero Gómez, ratificó ante medios de comunicación que, en efecto, son 200 los policías que sirven en esta demarcación.
Esa ocasión indicó que se cumple al 85 por ciento con los requisitos que estipula el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública a nivel federal con respecto a la obtención del Certificado Único Policial (CUP), donde se establece que los policías deben contar con licencia de conducir vigente, licencia de portación de arma, así como salario digno.
Con un pago de 6 mil 200 pesos a la quincena, Guerrero considera que la plantilla tulancinguense es una de las mejores pagadas de la región. No obstante, la percepción de algunos elementos dista de ser justa al señalar los riesgos a los que suelen exponerse.
Arriesgan la vida a cambio de nada
En testimonio, uno de los uniformados plenamente identificado, pero que solicitó omitir su identidad por temor a represalias, informó para El Sol de Tulancingo que, pese a que su salario “es bueno”, es insuficiente, ya que no gozan de la prestación laboral más básica de todas: la seguridad social.
El elemento muchas de las veces arriesga su propia vida a cambio de nada. No tenemos seguro, nada que nos ampare en caso de una baja de un elemento. En caso de incidente, si tú eres afectado, te paga la otra persona y si tú eres responsable, de tu bolsa. Pagas las curaciones del otro, así como los daños ocasionados
Además, refirió que, en caso de un accidente ocurrido por riesgo de trabajo, ellos deben absorber los gastos por curaciones o tratamientos.
Los riesgos evidentes de ser agente de Seguridad Pública pueden llegar hasta las últimas consecuencias, como fue el caso del pasado 24 de diciembre, cuando el oficial Víctor Rodríguez perdió la vida luego de tres días hospitalizado, tras caer de una patrulla en persecución y resultar con un fuerte golpe en la cabeza. En aquel momento, Rafael Guerrero aseguró que “no hay dinero o apoyo que repare la pérdida que ahora enfrentan sus hijos y esposa”, pero al ser un funcionario público y desempeñar su labor de policía, su familia quedó completamente “blindada”.
Uno no quisiera que pasaran estos hechos. Todas las unidades que ellos manipulan para su servicio están aseguradas, también tienen seguro de nómina para gastos funerarios y aparte reciben un seguro como funcionarios públicos por parte de Inbursa
Pese a que apenas en Tulancingo se cerró la convocatoria de reclutamiento para nuevos elementos, en el pasado dichos llamados no han surtido mucho éxito. Anteriormente, el secretario de Seguridad precisó que uno de los obstáculos que complican la nueva incorporación es la poca acreditación ante los Exámenes de Control y Confianza, situación que se replica en los municipios vecinos de Acatlán o Acaxochitlán, demarcaciones en las que titulares de las dependencias de Seguridad aseguran que “ya nadie quiere ser policía”.
Agrava situación eliminación de Fortaseg
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En temas presupuestales, la administración de Tulancingo enfrenta desde 2020 una complicación tras el cese de la dispersión del programa federal del Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg), el cual representaba 20 millones de pesos anuales para dicho rubro.
Otra barrera en cuestiones financieras sucede en 2024, pues según informó el alcalde Jorge Márquez, el municipio no fue beneficiario del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2023, monto que otorga el gobierno federal y que durante el 2022 comprometió el entonces secretario de Gobierno, Adán Augusto López Hernández, durante su presentación en el Congreso de Hidalgo para negociar la presencia de las fuerzas armadas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en labores de seguridad pública.
Por tal motivo, corresponde a la administración actual atender lo relacionado en materia de adquisición de nuevo parque vehicular, equipamiento de los oficiales y salarios.
En 2023, a la Secretaría de Seguridad se le asignó una partida presupuestal de 104.8 millones de pesos, aunados a los 118.8 millones de la partida de Asuntos de Orden Público y Seguridad. A ambas cantidades se adiciona el respectivo Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Fortamun), que, según la plataforma de transparencia municipal, para el año pasado fue de 125.9 millones de pesos.
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