Legisladores federales del PRI presentaron este lunes una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra el decreto de extinción de de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, por considerar que vulnera los derechos a la seguridad alimentaria, a la tierra y a la propiedad de los mexicanos.
Con el documento, respaldado también por las firmas de legisladores de Acción Nacional y de la Revolución Democrática, los representantes populares argumentan que no se puede permitir que impunemente se consolide esa mala decisión, pues la Financiera es un organismo que llegó a acreditar a cerca de millón y medio de ejidatarios y más de 110 mil pequeños productores y que previo a su cierre los créditos no superaban los 32 mil beneficiados.
En conferencia de prensa, encabezada por la diputada federal y secretaria general del CEN priista, Carolina Viggiano, el decano de la Cámara de Diputados, Augusto Gómez y el vicecoordinador Marco Antonio Mendoza, los integrantes del Grupo Parlamentario coordinado por Rubén Moreira, argumentaron que de acuerdo con el Censo Agropecuario 2022, solo el 18 por ciento de las hectáreas de uso agrícola estaban sembradas, por la falta de créditos y apoyo económico.
Asimismo, aseveraron que se violó el debido proceso legislativo, el derecho de participación en el debate legislativo de las minorías, puesto que no se les permitió participar en un análisis y discusión real, abierto e informado de la iniciativa, con lo que se transgredieron los principios fundamentales de Legalidad, Progresividad, Certeza Jurídica y Transparencia.
Además, subrayaron que el dictamen se integró de manera precipitada en el orden del día de la sesión, pues ilegalmente se dispensaron las lecturas, no circuló con 24 horas de anticipación y tampoco fue publicado en la gaceta con suficiente tiempo de anticipación.
Detallaron, con la participación también de la diputada María de Jesús Aguirre y el senador Mario Zamora, que además de ser inconstitucional por sesionar en el Senado y votar la ley de manera nominal sin quorum legal, también se quebrantó el Derecho a la alimentación, generando discriminación, pobreza, desigualdad y un conflicto de crisis alimentaria.
“El cierre de la financiera tiene grandes repercusiones, como el desplazamiento de comunidades rurales enteras, abrir las puertas al control territorial del narcotráfico en el sector, conducir al aumento de cultivos ilícitos, como la marihuana, coca o la amapola, nos dejaría en una situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica”, destacaron.
Acompañados por representantes y líderes campesinos, evidenciaron los atropellos cometidos contra los miembros integrantes del Consejo Directivo de la misma Institución, que representan a miles de campesinos, pequeños y medianos productores, así como a los más de mil 842 trabajadores y cinco mil 800 jubilados y pensionados con conocimientos especializados.
Asimismo, consideraron falsos los datos que ofrece el Ejecutivo Federal para justificar la extinción de la financiera, ya que, de acuerdo con sus propios balances generales publicados, si bien la financiera cuenta con un pasivo considerable, solamente representan el 36 por ciento con respecto al activo total.
Subrayaron que la desaparición de este organismo puede dificultar el acceso de los agricultores a financiamiento adecuado, lo que afectaría su capacidad para producir de manera suficiente y sostenible; pone en duda el apoyo técnico y su capacitación; debilita el fomento al desarrollo rural integral, equitativo y sostenible, mientras que acrecienta la desigualdad en el acceso a recursos, beneficiando a aquellos con mayor poder económico, dejando rezagados a los pequeños productores.
A partir de 2018, finalizaron, “de manera unilateral, opaca y sin la mínima conciencia o análisis, decidieron suspender de facto el otorgamiento y dispersión de créditos a los productores desde el 15 de diciembre de 2022”.
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