Avala SCJN candidaturas comunes sin límites y eliminación de consejos municipales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación este jueves siete de diciembre resolvió y validó la desaparición de los Consejos Municipales Electorales y que no haya mínimos ni máximos de candidaturas comunes en caso de que varios partidos políticos se unan para los comicios electorales locales del 2024, que contempla la reforma al Código electoral estatal aprobada el 18 de agosto pasado por el Congreso de Hidalgo y que fue impugnada por partidos políticos de oposición (PAN, PRD y PRI), informó el representante del sol azteca ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Javier López Torres.

En lo que sí consideró la Suprema Corte es inconstitucional fue en las acciones afirmativas para la participación de candidaturas de personas con discapacidad y de adscripción indígena, que se van a postular por porcentajes del número de habitantes, según fuera el municipio o distrito electoral local, pero como el proceso de los comicios para el año entrante ya inició, se aplicará la invalidez hasta después de que concluya este proceso, precisó el militante del PRD.

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Al prever el escenario que está sentencia produce en la vida político electoral, los partidos de oposición PAN, PRD y PRI en su tercera reunión, que estaba programada la mañana de este jueves, pero que se postergó para esperar la decisión de la Suprema Corte, ya estarán suscribiendo los primeros acuerdos sobre candidaturas comunes respectivas hasta en la totalidad de los 84 municipios y 18 Distritos Electorales locales, sin la limitante que disponía la reforma que envío el gobernador Julio Menchaca y que le aprobaron los diputados estatales de Morena y sus aliados en la 65 Legislatura estatal, sostuvo.

Por lo que la alianza entre dichos institutos partidistas sigue viable, afirmó, y que la siguiente cita sería la semana entrante en la sede estatal del PAN.

Los argumentos de los partidos de oposición para invalidar los decretos, fue que no convocaron con tiempo la sesión; que hubo 16 horas entre la distribución de los dictámenes y su votación en el pleno y la dispensa de la lectura de los mismos para su votación, situaciones que presuntamente violaban el proceso legislativo.