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La LXV Legislatura, aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por Elvia Sierra Vite para reformar al Código Penal para el Estado de Hidalgo en delitos de disparo con arma de fuego sin causa justificada y de sustracción ilegal del agua, con la intención de tener mayor justicia e impedir las tomas clandestinas de agua, respectivamente.
Las modificaciones por las que votaron a favor en sesión ordinaria del 21 de mayo del presente año las y los diputados del Congreso de Hidalgo, refieren que a quien efectúe detonaciones sin causa aparente, se le impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de 10 a 50 días; además el decreto detalla que se decomisarán y destruirán las armas de fuego utilizadas.
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Asimismo, cuando la conducta típica sea cometida por un servidor o ex servidor público de las instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia o de las fuerzas armadas, las penas se duplicarán y serán destituidos e inhabilitados del cargo por el mismo tiempo al de la prisión impuesta.
Además, esta reforma, también incluye pena para todo aquel que, sin autorización, otorgue concesión o permita apropiarse de agua potable de la infraestructura hidráulica, por lo que quien comete este delito, tendrá de dos a seis años de prisión y de 50 a 200 días de multa; se incluye la comercialización; explotación y transportación de agua sustraída ilegalmente.
También habrá modificaciones en tomas clandestinas de agua
Durante la misma sesión, fue aprobada por unanimidad la propuesta emitida por el diputado Juan de Dios Pontigo Loyola y por la diputada Citlali Jaramillo, ambos de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado, incluyendo diversos conceptos para impedir el consumo legal de agua por medio de tomas clandestinas.
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El diputado, al dar voz a la iniciativa, indicó que estas modificaciones servirán para cumplir con los objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, que consisten entre otros, a garantizar la disponibilidad de agua y el saneamiento, debido a que existen miles de millones de personas, sobre todo en áreas rurales, que aún carecen de estos servicios básicos.
El decreto indica que prestadores de servicios quedarán facultados para suspender los mismos, cuando se comprueben usos distintos al contrato; en caso de que se reinstalen servicios suspendidos violando los sellos o si se proporcionan servicios de otra toma de agua a la suspendida.
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