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Sin precisar el número de laudos heredados y a cuántas personas ha despedido en su administración pública municipal 2020-2024 y que hayan interpuesto un juicio laboral, la alcaldesa de Tizayuca, Susana Araceli Ángeles Quezada, dijo que no pretende dejarle una carga económica por esos motivos al gobierno que la suceda en septiembre de 2024, como sí lo hicieron quienes le antecedieron.
Eso respondió, luego de salir de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) en Pachuca, y ofrecer una rueda de prensa en la banqueta de ese lugar, a pregunta expresa dijo que en el 2021 el cabildo le autorizó cuatro millones de pesos para ir saliendo de esos pendientes que venía arrastrando de años atrás.
“El 90 por ciento de exempleados (que despedí) se ha resuelto por convenio”, sin especificar cantidades monetarias erogadas.
Tampoco tenía los datos consigo de cuánto destinaron en 2022 y 2023 para ello, y el número de laudos que le heredaron y los que surgieron con los que ella ha despedido; este diario informó que fueron más de 100 los que les rescindieron contrato el año pasado en la Comisión de agua y alcantarillado del municipio de Tizayuca, Hidalgo (Caamth), una demanda colectiva que aún no se ha resuelto.
En otro tema que también se ha publicado, es sobre el señalamiento del sindico hacendario, Gabriel González García, así como el líder de los comerciantes ambulantes y exalcalde, Gabriel García Rojas, respecto a que donde se lleva a cabo la obra del centro cultural y deportivo en el barrio Huicalco, es un terreno donado al municipio para reubicar a 300 vendedores informales.
Araceli Ángeles argumentó que organismos de los tres niveles de gobierno revisan la acreditación legal de la propiedad y según ella es imposible que les haya ocultado que ese predio no fuera propiedad del ayuntamiento.
El conflicto escaló a interponer un juicio político en su contra que aún está pendiente en el Congreso local y Gabriel García Rojas está promoviendo juicios en lo penal y administrativo.
