Cuando la reforma a la Ley de Amparo aprobada por el Congreso federal llegue a la Corte, las miradas se centrarán en el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, propuesto por el presidente López Obrador y, sin duda, el más cercano a la candidata Claudia Sheinbaum entre los integrantes del pleno en el máximo tribunal.

Este jurista ya ha dado señales de independencia, incluso tempranamente. Encabezó al tribunal de justicia capitalino durante la gestión de López Obrador como jefe de Gobierno, quien le propuso una reforma de ley para ampliar su permanencia en ese puesto, a lo que aquél se negó rotundamente.

La enmienda legal referida supone una regresión a lo que ocurría hasta 2011, cuando se determinó que los amparos otorgados por los jueces tendrían carácter general cuando la acción de la autoridad supusiera una violación a los derechos humanos. Debe preverse que será invalidada. Y entonces será inevitable buscar las huellas digitales de la doctora Sheinbaum, así como anticipar su reacción ante la eventualidad de que sea electa nueva presidenta.

La interlocución de González Alcántara Carrancá con ella fue patente durante el proceso para renovar la presidencia de la Corte, en enero de 2023. Desde meses previos, Palacio impulsó la candidatura de una ministra a modo, Yasmín Esquivel, lastrada por señalamientos de haber plagiado su tesis de licenciatura. Los ministros encararon tanto cabildeos en favor como en contra. Y la entonces jefa de Gobierno capitalina debió entrar en apoyo, pero lo hizo a su manera, de acuerdo con fuentes familiarizadas con lo ocurrido.

El mensaje de Sheinbaum estuvo envuelto en la consulta de si el ministro González Alcántara estaba interesado en presidir la Corte. Y, en caso contrario, si pudiera votar en favor de Esquivel. La doble respuesta llegó por el mismo canal: Acabo de llegar (asumió en enero de 2019); no es mi tiempo…, y votaré por Esquivel, pero únicamente en la primera ronda. Si ahí no gana, analizaré mis opciones.

La historia ya se conoce: la apuesta presidencial por Esquivel obtuvo apenas dos votos de sus colegas, que en una tercera ronda otorgaron los seis necesarios (entre ellos, el de González Alcántara) en favor de Norma Lucía Piña.

No será la última batalla de Piña Hernández, quien, en momento, al declararse aspirante a dirigir la Corte, presentó un plan de trabajo que amerita ser releído.

Apuntes: El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, hundió a esa empresa pública en la peor quiebra económica de su historia, pese a los gigantescos subsidios con los que se le privilegia. Ha callado “como momia” y sido “florero” mientras Rocío Nahle, secretaría de Energía, usa a discreción y sin autoridad legal alguna los exiguos fondos de la paraestatal para construir la hasta ahora inútil refinería de Dos Bocas (a doña Rocío, candidata al gobierno de Veracruz, le ha aparecido, por cierto, residencias de su propiedad). Romero desoye también denuncias contra proveedores fantasma. El viejo amigo del presidente López Obrador fue su muy opaco oficial mayor en la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal (2000-2005), cuando comenzó a cobrar fama de operador de hoyos negros financieros. Ya no sorprende la impunidad que ha disfrutado hasta ahora, pero sí la vileza de su denuncia contra María Amparo Casar, directora de la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad -que tantos insomnios ha causado al gobierno con sus denuncias de casos de corrupción-, por supuestas irregularidades en el cobro de seguros en favor de sus hijos tras la muerte de su esposo, exdirectivo de Pemex. La acusación, apoyada en datos personales de Casar y su familia, se produjo en una de las mañaneras presidenciales, que regentea el controvertido vocero Jesús Ramírez.

Proyecto de trabajo de Norma Lucía Piña