La semana pasada comentamos que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no debe correr la suerte de la consorte, se trata de una institución que debe estar por encima de una relación de pareja, aunado a que las condiciones actuales del país exigen que sea fortalecido y redimensionado en beneficio de las familias mexicanas.
Para ello debemos distinguir que el DIF nacional y los DIF estatales cumplen papeles diferentes; mientras el primero articula y financia diversos programas, los segundos son más operativos, tienen una gran tradición, experiencia y reconocimiento social por su cercanía con las familias.
En cada estado el papel del DIF depende de las particularidades sociales y económicas de la entidad, sin embargo, en casos sensibles para la población, gozan de la confianza ciudadana para poder ser la vía que lleve ayuda a los más desfavorecidos.
Ese vínculo con la sociedad civil es justamente una de sus fortalezas, se convierte en el rostro más afable del gobierno y eso permite sumar sinergias y esfuerzos tanto públicos como privados en beneficio de las familias.
El DIF cumple una labor titánica, por ejemplo, da atención a instituciones tan importantes como los albergues que existen a lo largo y ancho del país y tiene la capacidad operativa para servir a diario casi 6 millones de desayunos escolares fríos y calientes a las niñas y niños de todo México, lo que muestra solo una parte de la extraordinaria misión que cumple dentro de la sociedad mexicana.
La transformación del DIF implicaría dar un siguiente paso en materia de protección de derechos y consolidar a la dependencia para que acompañe a las familias y a todos sus miembros de manera integral, atendiendo todos los fenómenos, problemas y retos que se presentan en su interior, con el propósito de fortalecerse y hacer algo más que entregar un alimento, un pañal o una silla de ruedas, y constituirse como un factor que incida en el desarrollo y la prosperidad que queremos para México.
