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Corralones saturados

  • Sol de Tulancingo
  • en Policía

Tulancingo, Hidalgo.-  Se encuentran sobresaturados los corralones de encierro vehicular, de gobierno y particulares, en Pachuca y las regiones de Tula y Tulancingo, lo cual hace necesario que los diputados legislen para emitir la ley que permita a las Secretarías de Seguridad Pública estatal y municipales, así como a los empresarios, vender o rematar las unidades.
Es urgente se dé ese proceso jurídico en el estado para poder disponer de esas unidades, pues hoy no pueden venderse ni subastarse para uso público, o al menos como fierro viejo.
“Aunque quizás sea mejor que exista un trámite más breve para disponer de dichos bienes, por medio de una prescripción positiva, pero deben transcurrir cinco años”.
Señala lo anterior Uriel de Jesús Moreno Castro, coordinador de la Agencia de Seguridad del estado de Hidalgo, al referir que otro factor de incremento en el número de vehículos sin reclamar en los corralones, es el combate a los “huachicoleros”, con el aseguramiento de 786 unidades, las cuales tuvieron que abandonar por el acecho policial.
Refiere que al gobierno estatal se acercaron las diferentes empresas dedicadas a grúas y corralones, para estandarizar su operación, bajo tabuladores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los que tienen concesión a nivel federal; y de la Secretaría de Movilidad y Transporte, los que su concesión es estatal.
En Pachuca operan seis empresas privadas de grúas y corralón de encierro, con concesión debidamente legal, algunos de los cuales están asociados. Para brindar el servicio fueron investigados por el Área Jurídica ante los gobiernos federal y estatal, que estuvieran debidamente acreditadas para prestar el servicio.
Además operan dos corralones y grúas de la Agencia de Seguridad Estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pachuca, para traslados únicamente de vehículos de bajo rango de peso.
Los fines de semana que se aplica el Operativo Alcoholímetro, recurren a los corralones privados, cuyas empresas tienen un rol de servicio por semana con las autoridades de Policía y Tránsito, municipal, estatal y federal.
“Hay días que tenemos carga importante de trabajo porque suceden muchos accidentes o se cometen faltas administrativas, y los vehículos quedan a disposición de la autoridad competente. Si no se dan abasto las grúas oficiales, se echa mano de las empresas”, comenta el funcionario.
Refiere que cuando fue elemento de la entonces llamada Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, hoy denominada Agencia de Seguridad Estatal, fue testigo de algunos abusos en los corralones, como el robo de refacciones, de señalamientos de prevención, de señales luminosas, del gato, la llave de cruz, la batería, rines, llantas, asientos, volante y accesorios de moda.
“No estoy diciendo que ya no ocurra, pero ya no con la frecuencia de antes. Estamos atentos a ello y de haber denuncia de los agraviados, se llega a sus últimas consecuencias. No se solapa a nadie ni tampoco se mete las manos al fuego por nadie”.
El comisario Uriel Moreno señala que vigente se encuentra una carpeta de investigación por supuesto robo de una computadora portátil, tras un accidente entre dos vehículos de transporte público, en el municipio de Mineral del Chico.
“Si se demuestra que policías estatales o municipales están involucrados, se procederá conforme a derecho. No estamos solapando. Las empresas difícilmente se involucran en hechos de esa naturaleza. En mi contacto con la gente no hay quejas en ese sentido”, aseveró.
Indica también que comienzan a suscitarse problemas con los corralones en las regiones de Tula y Tulancingo, como resultado del combate de la policía al robo de hidrocarburo, porque se recuperan por decenas de vehículos, la mayoría de ellos con reporte de robo, sin embargo no son reclamados por sus propietarios. Y a ellos les genera costos ir por ellos a zonas agrestes.
En otros casos no se inició carpeta de investigación, en su lugar de residencia.
En ese sentido el coordinador de Seguridad Estatal en Hidalgo, Uriel de Jesús Moreno, indica que es objetivo oficial buscar la mejor salida jurídica administrativa correcta.
“Hay vehículos en los corralones desde hace 15 años. Entonces es necesario se hagan los trámites jurídicos administrativos respectivos, para que un juez ordene que se puede disponer de ellos”, cita.
Finalmente recuerda que cuando fungió como director de Tránsito y Vialidad en el municipio de Pachuca, ya se arrastraba la misma problemática.
“No hay lugar en los corralones oficiales los días viernes o sábados que se aplica el operativo alcoholímetro; los vehículos hay que mandarlos a los sitios de encierro particular. Ello le genera al automovilista pagar arrastre, banderazo (cuando la grúa sale del corralón y se traslada a donde está el vehículo, hace la maniobra de levantarlo y remolcarlo de regreso), y los días de estancia. Cada cosa tiene un costo bajo tabulador; y sí, el servicio es caro”.
“Estamos trabajando en el marco de la ley, ya no a criterio o arbitrio de nadie, mucho menos de elementos corruptos que piensan que todo sigue igual como antes. Si hay que sancionar a alguien, contamos con Unidad de Asuntos Internos y Comisión de Honor y Justicia, atentos a cualquier reclamo de la sociedad”, declaró el jefe policial.

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