/ domingo 18 de noviembre de 2018

Violar derechos humanos, constante en México: México Evalúa

Se detectó que existen vacíos en el Sistema de Justicia Penal implementado en el Gobierno de Enrique Peña Nieto

La violación sistemática a los derechos humanos sigue siendo una constante a pesar de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, además de que se mantienen deficiencias en el respeto, protección y garantía de los derechos a los usuarios.

De acuerdo con México Evalúa y al realizar un muestreo en los estados de Querétaro y Guanajuato, se detectó que existen vacíos en el Sistema de Justicia Penal implementado en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, además de que los usuarios aún refieren no sentirse cómodos con los métodos que se aplican.

Según el reporte Derechos de los usuarios en el Sistema de Justicia: ejercicio exploratorio, se entrevistó a 346 personas que están privadas de la libertad o víctimas, así como a quienes están sentenciadas por diversos delitos en cárceles y centros de atención a víctimas entre julio y agosto de 2018 y se obtuvieron datos relevantes.

En torno a las víctimas, México Evalúa encontró que sólo uno de cada 10 delitos se denuncian y además, las víctimas son invisibilizadas en el Sistema Acusatorio, incluso más que en el tradicional, ya que del total de quienes padecieron un delito y que están inscritas en el Registro Nacional Víctimas (Renavi) entre el 2014 y 2016, solo el 4 por ciento recibió algún apoyo.

Solo en los Estados evaluados, Querétaro y Guanajuato, 4 de cada 10 víctimas declararon sentirse en riesgo o amenazadas durante el proceso y haber solicitado medidas de protección, pero no existe información para determinar si las medidas fueron adecuadas.

María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, comentó que las víctimas no se ajustan al sistema de victimas, “por lo que se están generando incentivos negativos como es que no se tiene ni la posibilidad de un registro efectivo de las victimas ante el proceso”.

En entrevista con El Sol de México, Novoa expuso que muchas veces las víctimas no tienen acceso a la justicia como se deberían, ya que a pesar de que 4 de cada 10 de los que manifestaron o dijeron estar a favor de acortar el proceso penal, solo 13% solucionó su conflicto mediante un mecanismo alternativo o acuerdo preparatorio.

México Evalúa detalló que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos suceden en las horas inmediatas siguientes al momento de su detención, siendo este el momento más crítico en donde se cometen actos de corrupción.

Indicó que un existen prácticas y comportamientos en contra de los derechos de los imputados desde el primer momento que está en un proceso de detención pasando por lo que sería la defensa efectiva durante el proceso penal y después lo que sería la última etapa, si esa persona fue sentenciada y condenada, la ejecución penal.

Por último, subrayó que hasta el día de hoy nadie se siente protegido en sus derechos y no se garantizan, ya que las víctimas tienen un gran desconocimiento de sus derechos y “al tener ese desconocimiento, las víctimas no pueden exigir que se les cumplan”.

“Entonces existe un círculo vicioso entre institucional sin la posibilidad de tener capacidades y condiciones con la real intención de cambiar, hasta la victima qué tampoco tiene conocimiento de sus derechos que eso es lo que observamos”, finalizó.

La violación sistemática a los derechos humanos sigue siendo una constante a pesar de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, además de que se mantienen deficiencias en el respeto, protección y garantía de los derechos a los usuarios.

De acuerdo con México Evalúa y al realizar un muestreo en los estados de Querétaro y Guanajuato, se detectó que existen vacíos en el Sistema de Justicia Penal implementado en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, además de que los usuarios aún refieren no sentirse cómodos con los métodos que se aplican.

Según el reporte Derechos de los usuarios en el Sistema de Justicia: ejercicio exploratorio, se entrevistó a 346 personas que están privadas de la libertad o víctimas, así como a quienes están sentenciadas por diversos delitos en cárceles y centros de atención a víctimas entre julio y agosto de 2018 y se obtuvieron datos relevantes.

En torno a las víctimas, México Evalúa encontró que sólo uno de cada 10 delitos se denuncian y además, las víctimas son invisibilizadas en el Sistema Acusatorio, incluso más que en el tradicional, ya que del total de quienes padecieron un delito y que están inscritas en el Registro Nacional Víctimas (Renavi) entre el 2014 y 2016, solo el 4 por ciento recibió algún apoyo.

Solo en los Estados evaluados, Querétaro y Guanajuato, 4 de cada 10 víctimas declararon sentirse en riesgo o amenazadas durante el proceso y haber solicitado medidas de protección, pero no existe información para determinar si las medidas fueron adecuadas.

María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, comentó que las víctimas no se ajustan al sistema de victimas, “por lo que se están generando incentivos negativos como es que no se tiene ni la posibilidad de un registro efectivo de las victimas ante el proceso”.

En entrevista con El Sol de México, Novoa expuso que muchas veces las víctimas no tienen acceso a la justicia como se deberían, ya que a pesar de que 4 de cada 10 de los que manifestaron o dijeron estar a favor de acortar el proceso penal, solo 13% solucionó su conflicto mediante un mecanismo alternativo o acuerdo preparatorio.

México Evalúa detalló que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos suceden en las horas inmediatas siguientes al momento de su detención, siendo este el momento más crítico en donde se cometen actos de corrupción.

Indicó que un existen prácticas y comportamientos en contra de los derechos de los imputados desde el primer momento que está en un proceso de detención pasando por lo que sería la defensa efectiva durante el proceso penal y después lo que sería la última etapa, si esa persona fue sentenciada y condenada, la ejecución penal.

Por último, subrayó que hasta el día de hoy nadie se siente protegido en sus derechos y no se garantizan, ya que las víctimas tienen un gran desconocimiento de sus derechos y “al tener ese desconocimiento, las víctimas no pueden exigir que se les cumplan”.

“Entonces existe un círculo vicioso entre institucional sin la posibilidad de tener capacidades y condiciones con la real intención de cambiar, hasta la victima qué tampoco tiene conocimiento de sus derechos que eso es lo que observamos”, finalizó.

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