La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) informó que reconoce la gran importancia de haber dotado al país de un marco legal que regule a nivel nacional el uso de la fuerza y el registro de detenciones.
El Organismo indico que celebra la inclusión en la Ley Nacional del Registro de Detenciones de requisitos y controles que, de ser implementados correctamente, constituirán una salvaguarda fundamental para las personas que son privadas de la libertad.
“Este mecanismo preventivo frente a graves violaciones a los derechos humanos pudo haberse fortalecido si también se hubieran incluido las privaciones de libertad por mandamiento de la jurisdicción militar e información adicional de la persona detenida y de su acceso a una defensa legal”.
La ONU-DH destacó que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza aborda una problemática, el uso excesivo de la fuerza y su falta de supervisión, que ha provocado graves violaciones a derechos humanos.
“Si bien la Ley aprobada incorpora parte de los estándares internacionales relevantes en la materia, resulta preocupante la persistencia de deficiencias que representan graves riesgos para los derechos a la vida, la integridad, la libertad de reunión y manifestación y el derecho de acceso a la justicia”, remarcó.
La ONU detalló que son particularmente preocupantes: la ambigüedad en la regulación del uso de la fuerza letal; la regulación de las manifestaciones que permite su calificación como ilícitas y consecuentemente el uso de armas contra quienes participen en las mismas; y las deficiencias en el régimen de transparencia, investigación y rendición de cuentas en materia de uso de la fuerza, particularmente que no se haya establecido el mismo nivel de información en los informes sobre el uso de la fuerza física o incapacitante que cuando se emplean armas letales, ni la obligación de presentar informes anuales públicos sobre personas heridas.
En relación con la Ley de la Guardia Nacional, la ONU-DH expresó su preocupación por los aspectos institucionales de naturaleza militar presentes en este cuerpo de seguridad y reitera las recomendaciones hechas por organismos internacionales de derechos humanos sobre la necesidad de fortalecer las corporaciones policiales y superar el paradigma militar en las políticas de seguridad.
Frente a cualquier violación de derechos humanos relacionada con el uso de la fuerza o la detención de personas, será fundamental una respuesta inmediata de las autoridades y una diligente investigación, que permita el juzgamiento y sanción de los responsables.
La ONU-DH lamentó que en el proceso legislativo seguido por el Congreso de la Unión para la adopción de la legislación secundaria derivada de la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional no se hayan presentado las iniciativas con tiempo suficiente para un análisis detallado, no hubo publicidad en el debate parlamentario, ni se dio un proceso de parlamento abierto que permitiera incorporar los aportes de diversas voces al consenso resultante.
La ONU-DH reiteró su disposición de acompañar al Estado mexicano en la implementación de la legislación adoptada. Asimismo, esta Oficina alientó que cualquier proceso legislativo, particularmente aquellos relacionados con derechos humanos, se realicen por medio de procesos abiertos y participativos que permitan atender los más altos estándares sobre la materia.
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