El Partido del Trabajo (PT) informó que el Gobierno de Nuevo León, a través de su secretario de Educación, Arturo Estrada Camargo, reconoció que el origen de los recursos utilizados para la operación de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), son lícitos y no hay delito que perseguir.
Esto debido a las acusaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de varios dirigentes del PT por el presunto desvío de 100 millones de pesos, y que involucró directamente tanto al coordinador nacional de esa fuerza política, Alberto Anaya Gutiérrez, como a su esposa, María Guadalupe Rodríguez Martínez, y otros miembros del partido.
El PT dio a conocer que ante legisladores locales, Estrada Camargo reconoció que sí existe un acuerdo del 8 de diciembre de 2010, celebrado entre la Asociación Civil “Tierra y Libertad” y el gobierno de Nuevo León.
En este acuerdo se establecen una serie de cláusulas entre los que se encuentra que la directora de los CENDIS, Guadalupe Rodríguez Martínez tiene derecho a manejar los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales.
Además dijo que Rodríguez Martínez tiene la obligación de presentar informes ante la Secretaría de Educación Pública de Nuevo León, “obligación que cumplió en tiempo y forma" además de presentarlos ante la Secretaría de Educación federal.
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