El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldivar, dio a conocer la muerte del ministro Salvador Aguirre Anguiano, quién formó parte del pleno de la Corte desde 1995 hasta noviembre de 2012 cuando se retiro.
A través de sus redes sociales, el ministro Saldivar escribió: “Lamento profundamente el fallecimiento del ministro Salvador Aguirre Anguiano quien defendió siempre sus convicciones con vehemencia e inteligencia, a quien le tuve un enorme respeto y afecto. Su congruencia debe servir de ejemplo de lo que implica vestir una toga”.
Oriundo de Guadalajara, Jalisco; Anguiano fue abogado mexicano, que desde 1995, se desempeñaba como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y obtuvo el grado de licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara
De 1974 a 1995 fue notario asociado de la notaría número 24 de Guadalajara, Jalisco. En la década de los 80s suspendió la actividad notarial para dedicarse a la política.
El 23 de agosto de 1982, exigió desde la tribuna de la Cámara de Diputados, entonces constituida en Colegio Electoral, que fuera reconocida su victoria que, según él, había obtenido aquel año en los comicios federales, como candidato del PAN a una diputación federal.
En 1985, se desempeñó como regidor de Guadalajara, por el mismo instituto político.
Sergio Aguirre Anguiano, un ministro de polémicas
Netamente conservador, Anguiano le toco suspender el proceso para separar de su cargo al ex gobernador panista de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, desechar el juicio que promovió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para detener el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Junto con el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, le concedió al entonces presidente Vicente Fox una suspensión para “congelar” modificaciones al presupuesto de 2005, donde incluso el entonces Senado, Manlio Fabio Beltrones, lo calificó de “faccioso” y “obsequioso”.
Se encargó del proyecto mediante el cual propuso, y ganó, la declaración de inconstitucionalidad de una buena parte de la llamada Ley de medios, que beneficiaba a las televisoras.
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