La delincuencia organizada realiza hasta 3.7 millones de llamadas cada año desde cárceles federales y estatales, a pesar de que las penitenciarías están equipadas con dispositivos bloqueadores de señal, de acuerdo con el informe que presentó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a la Cámara de Senadores.
El documento, que abarca una investigación en siete penales con una población de 20 mil reos, reporta que cada semana, en un solo penal, se realizan hasta 219 mil 700 llamadas. La investigación capturó resultados casi idénticos de 2016 y 2017 y evidencia la “inutilidad de los equipos bloqueadores de señal instalados’’.
El informe indica que algunos penales estatales cada semana se realizan más de 43 mil llamadas usando solamente 90 equipos y en federales más de 19 mil, con igual número de equipos.
“Para la sociedad en general, estas cifras son alarmantes si se combinan con los reportes oficiales que señalan un incremento en actividades delictivas relacionadas con la extorsión y el secuestro’’, destaca el documento.
“Se confirma que hay una cantidad apreciable de equipos sospechosos en el conjunto de penales de la muestra; Incluso donde hay pocos equipos puede ocurrir una cantidad de llamadas con propósitos delictivos a lo largo del día, afectando a los usuarios y la calidad del servicio por las Interferencias que generan los bloqueadores de serial instalados’’.
La investigación que se publica en la Gaceta Parlamentaria recomienda a las autoridades penitenciarias diseñar programas que reduzca al máximo la introducción de equipos terminales y de IMSls (Identidad lnternacional de Abonado Móvil, por sus siglas en inglés), en los recintos penitenciarios; e insiste en la importancia de que los equipos bloqueadores se adecuen a las especificaciones técnicas en el menor tiempo posible y operen conforme a las bases para la instalación y operación de sistemas de inhibición, a fin de alcanzar los objetivos de política pública.
El objeto de la investigación es actualizar y dar seguimiento al estudio realizado durante 2016 sobre el número de equipos terminales móviles que operan dentro una muestra de recintos penitenciarios, lo que permitirá evaluar a empresas y autoridades la dimensión del problema y su evolución; así como las posibles respuestas para mitigarlo, ya que afecta de manera importante a los usuarios legítimos que residen o transitan en zonas aledañas.
Se destaca que se analizaron siete penales en distintos reglones del país con características diversas. Los operadores móviles dieron seguimiento al estudio de 2016 generando información para cada uno de ellos durante tres semanas consecutivas en 2017. Los resultados son similares al anterior.
La decisión de no identificar el nombre de los penales en cada muestra por el alto riesgo que conlleva el que este documento sea público, así como la asistencia a las visitas que tienen lugar a este tipo de recintos para ajustar los bloqueadores.
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