Una resolución judicial permitió que la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, alcanzara su libertad, ante las inconsistencias para recabar pruebas en su contra como la congelación de sus cuentas bancarias que llevó a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para lo cual no existió denuncia de por medio.
Por ello, y a unos días de haber sido liberada, Gordillo Morales pedirá al magistrado Miguel Ángel Aguilar López, -el mismo que decretó su libertad- ordene a Hacienda la liberación de sus cuentasbancarias al demostrarse que no incurrió en lavado de dinero y delincuencia organizada, como lo aseguraba la PGR.
El 4 de octubre de 2017, el pleno de la SCJN declaró inconstitucional el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito que permitía a la Secretaría de Hacienda congelar de forma inmediata las operaciones y servicios de personas físicas y morales que la institución presume están involucradas en delitos de lavado de dinero, a las que también incorporaba a la Lista de Personas Bloqueadas.
La Primera Sala determinó que dicho artículo, además de violar los principiosde inocencia y garantía de audiencia, se extralimitaba, porque es facultad del Ministerio Público de la Federación investigar los casos que son detectados por las autoridades hacendarias.
En su resolución, el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, del Primer Tribunal Unitario Penal, desechó la acusación de lavado y delincuencia organizada contra Gordillo porque concluyó que el dinero presuntamente desviado, tenía un origen lícito.
El magistrado detectó que los depósitos y gastos realizados por la maestra fueron legales y autorizados por el SNTE lo que hace ilegal la congelación de cuentas a la que fue sometida Gordillo Morales.
Tras su detención en 2013, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo, aseguró que el desvío de al menos dos mil millones de pesos se habrían cometido entre 2008 y 2011, a través de transferencias bancarias en las que se depositaron recursos del sindicato en cuentas de personas físicas y de una empresa, cuya titular era la madre de Gordillo, dinero que luego habría sido retirado a través de diversos cheques de caja.
Es de recalcar que durante los años y seis meses que duró el proceso judicial, la defesa de Gordillo Morales presentó más de 50 recursos, cuatro quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal y cerca de 30 amparos, para defender su inocencia, su derecho a ser visitada y tener acceso a los medios de comunicación.
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