PRD inicia movimiento de resistencia contra Bonilla en Baja California

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) informó que inició en Baja California un movimiento de resistencia contra el gobernador morenista Jaime Bonilla Valdez, denominado “Diálogo Nacional para la Construcción de la Cuarta República”, con el objetivo que se respete el periodo de 2 años por el que fue electo Bonilla Valdez.

Durante la conformación de este movimiento de resistencia, Ángel Ávila Romero, en representación de la Dirección Nacional Extraordinaria perredista, tomó protesta a Jaime Martínez Veloz como Comisionado Nacional para el Diálogo y los Asuntos Fronterizos.

En la toma de protesta, el líder nacional perredista señaló que el estado requiere de luchas y contrapesos ante el atentado ilegal contra la democracia que pretende hacer Jaime Bonilla y "sus secuaces".

Destacó que para ello se requiere que la oposición se organice e inicie movimiento de protesta encabezado por Jaime Martínez Veloz, a quien calificó como una persona respetada y con autoridad moral para ayudar a reconstruir el tejido social que tanto reclaman los bajacalifornianos.

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También, advirtió que lo que está sucediendo en Baja California es el reflejo de lo que está pasando en todo el país, “la polarización de la sociedad con la toma de protesta de un gobernador que divide a la sociedad, que representa intereses empresariales, económicos y mezquinos que sólo van a dividir al estado de Baja California”.

Exigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver legalmente el periodo del mandato de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, pues la sociedad no va a permitir la imposición de la llamada “Ley Bonilla”, la cual es avalada por el Gobierno Federal y ahora por la propia Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Les recordó a los dirigentes del partido Morena en el estado que durante el periodo de campaña decían que eran “diferentes, pero ahora sólo se ven a unos vulgares ambiciosos que sólo les interesa el poder por el poder al querer gobernar tres años más sin que se hayan ganado legalmente en las urnas”.

Advirtió que el PRD no permitirá este atraco y con este movimiento de resistencia “debemos ponernos por encima de ellos por el bienestar de Baja California y de todo el país”, subrayó.

En su momento, el Comisionado Nacional para el Dialogo y los Asuntos Fronterizos, Jaime Martínez Veloz se comprometió a generar una iniciativa de carácter nacional y vigilar las acciones de gobierno y del Congreso del estado, con el fin de generar un esquema donde quepan todos los ciudadanos y representar la voluntad popular”.

Ante cientos de simpatizantes, el excandidato del PRD refrendó el compromiso de lucha que tienen las organizaciones sociales y se comprometió a encabezar dignamente este movimiento de resistencia social, al tiempo que lamentó la actitud de la Secretaria de Gobernación, quien consumó un hecho vergonzoso, “vino a ponerle el último clavo al ataúd de lo que se conoce como la 4T y no sabemos dónde empieza, ni donde termina”.

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Añadió que Olga Sánchez Cordero desconoce que la Constitución de Baja California establece en su artículo 27 que son facultades del Congreso dar a conocer la decisión del Instituto Estatal Electoral para que el gobernador electo esté al frente sólo por dos años, que es lo que expresa la voluntad de los bajacalifornianos.

“La Secretaria de Gobernación, que viene a nombre de Andrés Manuel López Obrador a la toma de protesta de Jaime Bonilla, convalida el vínculo y la complicidad entre el Gobierno de la República y los actores locales vinculados al partido en el poder y en este caso respaldan a una persona que no tiene la capacidad legal para ser gobernador en el Estado”, finalizó.

Al evento asistieron también el presidente del Consejo Nacional del PRD, Arturo Prida; el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Abraham Correa; el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal, Omar Sarabia; el Regidor por Mexicali, Fernando Rosales; la Regidora de Ensenada, Leticia de la Rosa; el diputado Gerardo López; así como representantes de la sociedad civil, pueblos indígenas, empresarios, jóvenes estudiantes, académicos y cientos de ciudadanos preocupados por la arbitraria e ilegal ampliación del gobierno de 2 a 5 años.