/ lunes 23 de diciembre de 2019

Torturados, 79% de los detenidos

Prevalece como delito en las distintas etapas del proceso del sistema de justicia penal y es práctica común del Ministerio Público para acusar a hombres y mujeres

A pesar de todos los esfuerzos para contener esta práctica, 79 por ciento de las personas que son privadas de su libertad han padecido tortura o malos tratos durante su arresto, traslado o estancia en el Ministerio Público, por lo que México se mantiene como uno de los países que más violentan los derechos humanos.
De acuerdo con datos del informe “Cuánta Tortura” del World Justice Project (WJP) la tortura prevalece como delito en las distintas etapas del proceso del sistema de justicia penal en el país.

Roberto Hernández, investigador del WJP, detalló que en colaboración con el INEGI llevaron a cabo diversas encuestas al interior de los penales y cárceles mexicanas para conocer la opinión de 58 mil personas de cómo habían sido tratadas al momento de ser detenidas, procesadas, presentadas ante las autoridades y recluidas en prisión.

En entrevista con El Sol de México, Hernández comentó que sin importar si son elementos del Ejército, Marina, Policías Federales, estatales o municipales, la tortura es la práctica más común para acusar a hombres y mujeres.
En el documento se establece que la prevalencia de impunidad en los casos de tortura entre el 2006 y 2016 con la aún Procuraduría General de la República (PGR) se llevaron a cabo 13 mil 850 investigaciones por la práctica de este ilícito, pero solamente se obtuvieron 31 condenas en el mismo periodo.
Agrega que en dicha década, 148 mil 136 personas han experimentado algún tipo de tortura o maltrato en el arresto, traslado o estancia en el Ministerio Público.
“Por ejemplo, 93 por ciento de las personas respondieron haber sido presionadas durante el interrogatorio, y 73 por ciento del total señaló haber sido víctima de tortura o maltrato por parte de la policía”, subraya el reporte.
Asimismo, las detenciones injustificadas tienen mayor prevalencia de tortura o maltrato, debido a que 72 por ciento de la población encuestada reportó haber sido víctima de tortura o maltrato durante la detención; 82 por ciento de los detenidos en la calle o sacadas de algún lugar sin orden de detención también dijo sufrir tortura; de igual forma que 69 por ciento de los detenidos en flagrancia.


EL QUE MÁS TORTURA
El Ministerio Público (PM) es señalado en el estudio como el lugar donde ocurren más actos de tortura o de maltrato con 66 por ciento de los encuestados.
Roberto Hernández mencionó que el estudio permitió además evidenciar diversos tipos de agresión como amenazas con levantarles cargos falsos, hacerles daño a sus familias, desvestirlos, vendarles los ojos, impedirles respirar, recibir patadas o puñetazos, golpes con objetos, quemaduras, descargas eléctricas, aplastamiento de alguna parte del cuerpo, lesiones con arma blanca o de fuego, además de haber “sido obligadas a tener actividad sexual no deseada”.
“Las modalidades son frecuentes entre hombres y mujeres; sin embargo, los datos destacan que existe más violencia sexual cometida contra mujeres”, dijo Hernández.
Otro dato que se descubrió en este estudio, fue que las entidades con el uso de la tortura durante la detención, traslado o estancia en el MP son Tlaxcala y Aguascalientes, mientras que las entidades con una menor frecuencia de esta práctica ilícita es en Durango y Nayarit.

El experto sostuvo que la violencia perpetrada por actores estatales tiene lugar porque las autoridades creen que mediante la práctica de la tortura obtendrán evidencia válida para probar el delito. Mientras, que en menor medida, la tortura se usa con fines de control social o castigo dentro del sistema penitenciario.
Puntualizó, que al mismo tiempo los datos también revelan una actitud de normalización de esta práctica al interior de las corporaciones del Estado.
“Se dio cuenta, con esta muestra de este tamaño se vio que no importa la corporación, no importa si es el Ejército, si es la Marina, o policías municipales o estatales o federales, todas las autoridades que están o involucradas en el proceso penal, algunos más que otros, pero es un problema que todas las corporaciones del país”, externó.

Según dijo, la población más torturada es la menos culpable por el delito que se le acusa y está en la cárcel. “Esto es muy interesante porque la gente suele creer que la tortura funciona y que permite llegar a un resultado confiable, pero los datos nos muestran que es al revés, mientras más torturados, menos probable es que hayan cometido un delito y menos probable es que haya evidencia confiable para acusarlos”, explicó.

“La tortura es generalizada y se está aplicando a casi todas las personas que ingresan al sistema penal, en segundo lugar, no funciona porque a los que más se les aplica resulta ser que son los que tienen la menor probabilidad de ser culpables y el tercer hallazgo, que es de lo más importante es qué hay formas de erradicar la tortura, si es que eso nos interesara y que tienen que ver con que se cumplan las reglas del debido proceso”, finalizó.

A pesar de todos los esfuerzos para contener esta práctica, 79 por ciento de las personas que son privadas de su libertad han padecido tortura o malos tratos durante su arresto, traslado o estancia en el Ministerio Público, por lo que México se mantiene como uno de los países que más violentan los derechos humanos.
De acuerdo con datos del informe “Cuánta Tortura” del World Justice Project (WJP) la tortura prevalece como delito en las distintas etapas del proceso del sistema de justicia penal en el país.

Roberto Hernández, investigador del WJP, detalló que en colaboración con el INEGI llevaron a cabo diversas encuestas al interior de los penales y cárceles mexicanas para conocer la opinión de 58 mil personas de cómo habían sido tratadas al momento de ser detenidas, procesadas, presentadas ante las autoridades y recluidas en prisión.

En entrevista con El Sol de México, Hernández comentó que sin importar si son elementos del Ejército, Marina, Policías Federales, estatales o municipales, la tortura es la práctica más común para acusar a hombres y mujeres.
En el documento se establece que la prevalencia de impunidad en los casos de tortura entre el 2006 y 2016 con la aún Procuraduría General de la República (PGR) se llevaron a cabo 13 mil 850 investigaciones por la práctica de este ilícito, pero solamente se obtuvieron 31 condenas en el mismo periodo.
Agrega que en dicha década, 148 mil 136 personas han experimentado algún tipo de tortura o maltrato en el arresto, traslado o estancia en el Ministerio Público.
“Por ejemplo, 93 por ciento de las personas respondieron haber sido presionadas durante el interrogatorio, y 73 por ciento del total señaló haber sido víctima de tortura o maltrato por parte de la policía”, subraya el reporte.
Asimismo, las detenciones injustificadas tienen mayor prevalencia de tortura o maltrato, debido a que 72 por ciento de la población encuestada reportó haber sido víctima de tortura o maltrato durante la detención; 82 por ciento de los detenidos en la calle o sacadas de algún lugar sin orden de detención también dijo sufrir tortura; de igual forma que 69 por ciento de los detenidos en flagrancia.


EL QUE MÁS TORTURA
El Ministerio Público (PM) es señalado en el estudio como el lugar donde ocurren más actos de tortura o de maltrato con 66 por ciento de los encuestados.
Roberto Hernández mencionó que el estudio permitió además evidenciar diversos tipos de agresión como amenazas con levantarles cargos falsos, hacerles daño a sus familias, desvestirlos, vendarles los ojos, impedirles respirar, recibir patadas o puñetazos, golpes con objetos, quemaduras, descargas eléctricas, aplastamiento de alguna parte del cuerpo, lesiones con arma blanca o de fuego, además de haber “sido obligadas a tener actividad sexual no deseada”.
“Las modalidades son frecuentes entre hombres y mujeres; sin embargo, los datos destacan que existe más violencia sexual cometida contra mujeres”, dijo Hernández.
Otro dato que se descubrió en este estudio, fue que las entidades con el uso de la tortura durante la detención, traslado o estancia en el MP son Tlaxcala y Aguascalientes, mientras que las entidades con una menor frecuencia de esta práctica ilícita es en Durango y Nayarit.

El experto sostuvo que la violencia perpetrada por actores estatales tiene lugar porque las autoridades creen que mediante la práctica de la tortura obtendrán evidencia válida para probar el delito. Mientras, que en menor medida, la tortura se usa con fines de control social o castigo dentro del sistema penitenciario.
Puntualizó, que al mismo tiempo los datos también revelan una actitud de normalización de esta práctica al interior de las corporaciones del Estado.
“Se dio cuenta, con esta muestra de este tamaño se vio que no importa la corporación, no importa si es el Ejército, si es la Marina, o policías municipales o estatales o federales, todas las autoridades que están o involucradas en el proceso penal, algunos más que otros, pero es un problema que todas las corporaciones del país”, externó.

Según dijo, la población más torturada es la menos culpable por el delito que se le acusa y está en la cárcel. “Esto es muy interesante porque la gente suele creer que la tortura funciona y que permite llegar a un resultado confiable, pero los datos nos muestran que es al revés, mientras más torturados, menos probable es que hayan cometido un delito y menos probable es que haya evidencia confiable para acusarlos”, explicó.

“La tortura es generalizada y se está aplicando a casi todas las personas que ingresan al sistema penal, en segundo lugar, no funciona porque a los que más se les aplica resulta ser que son los que tienen la menor probabilidad de ser culpables y el tercer hallazgo, que es de lo más importante es qué hay formas de erradicar la tortura, si es que eso nos interesara y que tienen que ver con que se cumplan las reglas del debido proceso”, finalizó.

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