La Open Society Justice Initiative, presentó el estudio, "Corrupción que mata: por qué México necesita un mecanismo internacional para combatir la impunidad", en donde advierte que nuestro país, no solo necesita un mecanismo internacional para propiciar la rendición de cuentas, sino también para abordar las debilidades del sistema de justicia penal que lo tornan inadecuado en este momento para investigar las estructuras y prácticas de corrupción.
“México necesita urgentemente apoyo externo. Necesita expertos que aporten objetividad, experiencia y habilidades técnicas para la abrumadora tarea de fincar responsabilidades a quien corresponda por los crímenes más graves”, señala el estudio.
Refiere que la tortura continúa siendo ampliamente utilizada en México. Los grupos del crimen organizado aplican la tortura como una táctica de terror e intimidación, mientras que las autoridades de investigación la utilizan para forzar confesiones, extraer información o imponer castigos extrajudiciales.
En el año 2017, el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, cuya solicitud de realizar una visita de seguimiento a su informe de marzo de 2015 fue rechazada por las autoridades mexicanas, reafirmó que la tortura sigue siendo “generalizada” en México. “El alto número de quejas recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México respalda esta observación. La Comisión recibió 744 denuncias de tortura y trato cruel e inhumano por parte de las autoridades federales en 2016, y 402 denuncias en 2017.
Sostiene que por ejemplo en el sexenio de Felipe Calderón hubo 13 mil 336 personas desaparecidas en el ámbito estatal y 431 en el ámbito federal, mientras que en el actual sexenio esta cifra se disparó a 19 mil 668 en el fuero común y 657 en el fuero federal, por lo que llega a la conclusión de que prácticamente no hay rendición de cuentas por miles de desapariciones perpetradas en México desde 2006, las cuales incluyen las desapariciones forzadas y las desapariciones perpetradas por actores no estatales.
El estudio, da cuenta de diversos casos como el de Tlatlaya, los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos, los motines al interior de las cárceles y de manera particular toca el tema del narcotráfico en Coahuila.
Advierte que la aparente complicidad de funcionarios públicos en crímenes atroces y los vínculos de estos con autoridades políticas de alto nivel, ponen en duda la capacidad del sistema actual de investigar y perseguir de manera adecuada a todos los involucrados.
De acuerdo a Froylan Enciso, de International Crisis Group, “la debilidad institucional (de México) ha(n) posibilitado el mantenimiento de la corrupción de autoridades locales y la capacidad por parte de las organizaciones criminales de coaccionar a comunidades mediante la violencia o la amenaza de la violencia.”
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