/ viernes 30 de agosto de 2019

Amnistía será para “mulas” o indígenas encarcelados injustamente: Durazo

Detalló que esta Ley de Amnistía se perfila para personas carentes de recursos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, detalló que serán muy rigurosos en la elaboración de la Ley de Amnistía, a fin de que los beneficiarios de esta iniciativa sean auténticamente merecedores de esta condición y que represente para ellos “un auténtico acto de justicia frente a las injusticias que han padecido producto de las deficiencias de la procuración y administración de justicia.

Detalló que esta Ley de Amnistía se perfila para personas carentes de recursos, que no hablan bien el español, que hablan otro idioma o dialecto, o bien que han sido víctimas de la extorsión y presión de grupos criminales para cometer un ilícito menor, como es el caso, dijo, de las personas indígenas principalmente.

En este sentido, ejemplificó que tan sólo en el caso de personas de los pueblos originarios, existen alrededor de 7 mil personas indígenas que se encuentran recluidas en algún centro penal en México, y para ellos el Estado Mexicano sólo cuenta con 25 traductores.

“Eso da idea de la deficiencia o la desventaja en la que cubren estas personas indígenas sus procesos judiciales”, expresó.

Dijo que esta ley beneficiará también a personas que han transportado droga dentro de sus cuerpos, las llamadas “mulas”.

Rechazó que esta ley beneficie a grupos criminales, ya que México es firmante de acuerdos internacionales que limitan la posibilidad de otorgar amnistía a aquellos criminales que haya atentado de manera grave contra la sociedad, por lo que, dijo, “consecuentemente los grandes criminales no tienen ninguna posibilidad de encajar en esta iniciativa, entre los beneficiarios de esta iniciativa”.

“No, no vemos ninguna posibilidad de beneficiar a grupos criminales”, acotó.

También comentó que optar por una ley en lugar del indulto, facultad del presidente de la República, “es una decisión unipersonal a cargo del Presidente de la República, del titular del Ejecutivo” y enfatizó “tiene mayor legitimidad una decisión de esta naturaleza respaldada por un órgano representativo como lo es el Congreso de la Unión”.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, detalló que serán muy rigurosos en la elaboración de la Ley de Amnistía, a fin de que los beneficiarios de esta iniciativa sean auténticamente merecedores de esta condición y que represente para ellos “un auténtico acto de justicia frente a las injusticias que han padecido producto de las deficiencias de la procuración y administración de justicia.

Detalló que esta Ley de Amnistía se perfila para personas carentes de recursos, que no hablan bien el español, que hablan otro idioma o dialecto, o bien que han sido víctimas de la extorsión y presión de grupos criminales para cometer un ilícito menor, como es el caso, dijo, de las personas indígenas principalmente.

En este sentido, ejemplificó que tan sólo en el caso de personas de los pueblos originarios, existen alrededor de 7 mil personas indígenas que se encuentran recluidas en algún centro penal en México, y para ellos el Estado Mexicano sólo cuenta con 25 traductores.

“Eso da idea de la deficiencia o la desventaja en la que cubren estas personas indígenas sus procesos judiciales”, expresó.

Dijo que esta ley beneficiará también a personas que han transportado droga dentro de sus cuerpos, las llamadas “mulas”.

Rechazó que esta ley beneficie a grupos criminales, ya que México es firmante de acuerdos internacionales que limitan la posibilidad de otorgar amnistía a aquellos criminales que haya atentado de manera grave contra la sociedad, por lo que, dijo, “consecuentemente los grandes criminales no tienen ninguna posibilidad de encajar en esta iniciativa, entre los beneficiarios de esta iniciativa”.

“No, no vemos ninguna posibilidad de beneficiar a grupos criminales”, acotó.

También comentó que optar por una ley en lugar del indulto, facultad del presidente de la República, “es una decisión unipersonal a cargo del Presidente de la República, del titular del Ejecutivo” y enfatizó “tiene mayor legitimidad una decisión de esta naturaleza respaldada por un órgano representativo como lo es el Congreso de la Unión”.

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