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Tragedia en Bolívar 168, en la Obrera, pudo haberse evitado

  • Por Mónica Villanueva
  • en Metrópoli

Las muertes por el derrumbe del edificio de Bolívar 168, en la colonia Obrera tras el sismo de hace 27 días se pudieron evitar. La negligencia de los dueños y la falta de una mejor regulación por parte de las autoridades permitieron que la tragedia sucediera.

El caso omiso a una recomendación del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) hecha en 2004, uso de suelo indebido y probable empleo de documentación falsa demuestran la indolencia que llevó al desastre y la posible comisión de varios delitos, entre ellos el de homicidio culposo.

El Sol de México tiene en sus manos copias de documentos oficiales e información que respaldan lo anterior.

En el lugar, resguardado por la Secretaría de Seguridad Pública federal, hoy podemos ver un acordonamiento con un aviso que indica “inmueble en investigación”, algunas de losas que fueron removidas para rescatar a las personas, así como flores y consignas que dejaron grupos de feministas que exigen justicia.

A los hechos se suma la poca información por parte de las autoridades, quienes no han transparentado qué empresas laboraban ahí, cuántas personas e, incluso, hay contradicciones, pues mientras el subsecretario de Desarrollo Humano de la Ciudad de México, Miguel Ángel Vázquez, dijo que eran 21 los cuerpos rescatados; Protección Civil federal, en su página de internet, indica que son 15.

En el caso del derrumbe de la colonia Obrera, de delegación Cuauhtémoc, reina la omisión y la opacidad.

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Alerta en 2004

En octubre de 2004 el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) advirtió sobre anomalías en la estructura del edificio de Bolívar 168 y recomendó hacer reparaciones y un estudio más profundo, lo cual no se habría realizado.

“Mi impresión es que esa estructura debió ser reforzada o constatar cómo ésta iba a soportar un sismo. Lamentablemente nosotros nada más llegamos a una recomendación. Al parecer el dueño no les cumplió”, dijo Óscar López Bátiz, ingeniero investigador del Cenapred que realizó el estudio.

La dependencia federal realizó el “Informe sobre las condiciones de seguridad estructural de la edificación donde se encuentra la delegación en el Distrito Federal de la Procuraduría Agraria, ubicada en Bolívar 168, colonia Obrera, México, D.F.”. Desde hace al menos seis años la procuraduría ya no tiene oficinas en el lugar.

En el texto se señala que “el inmueble cuenta con instalaciones no originales (…) Los puntos de apoyo de estas instalaciones hacia la losa de azotea no coinciden con los ejes de trabes y la localización de las columnas de los niveles inferiores”.

López Bátiz explicó que esto se refiere a que se amplió la construcción en la azotea sin tomar en consideración la carga que representaba y el lugar donde se realizó, ya que no coincidía con las columnas, y aunque el peso fuera poco significativo, si generaba irregularidad.

Asimismo, se agregaron otras instalaciones a la estructura original, como fueron los cubos de servicios y elevadores. El estudio indica que los primeros 5.6 metros de construcción del frente no coinciden con la posición de trabes y columnas, por lo que posiblemente fueron erigidos con posterioridad.

“El estado de deterioro que guardan algunas partes, por falta de mantenimiento en la zona del cubo de servicios y elevadores de la estructura es de consideración, lo que es un indicativo de un programa de mantenimiento insuficiente”, indica el informe.

De hecho, en un comparativo realizado en google maps, se distingue que entre los años 2009 y 2016 no se hizo ni siquiera el mantenimiento a la pintura exterior del inmueble.

Sobre grietas hace referencia que se observan en los muros de mampostería de la parte sur y en las, siendo el ancho máximo de una hallada en el cuarto piso (donde se encontraba la Procuraduría) de aproximadamente 1.0 mm, lo que sí es de consideración, mencionó.

También se señaló, hace 13 años, que se identificaron grietas en las trabes producto de un incipiente problema de adherencia, lo que quiere decir que el material de concreto en algún momento pudo empezar a desprenderse de las varillas (castillos).

Aunque no se sabe aún de forma precisa qué fue lo que causó el derrumbe del edificio de Bolívar 168, el ingeniero Óscar López señala que lo que principalmente falla en las estructuras que no resisten los sismos son las columnas y los muros.

De los cálculos que se hacen en losas y trabes, así como columnas y muro “yo llego a un coeficiente de resistencia del edificio, en este caso dio 0.11, significa que si en esa zona el edificio debería tener una resistencia de 40% de la gravedad, para el estado actual de la sismicidad que conocemos, pues solamente tenía el 11%”.

Aclaró que eso no significa que el inmueble se vaya a caer, sino que se va a mover mucho y tal vez, también incida el que no tenga los estribillos (anillos de los castillos) suficientes para soportar el movimiento que le va a generar el terremoto.

Esto, en conjunto con las otras fallas ya ponía al edificio en vulnerable y fue por ello que en el apartado de recomendaciones se pide que se haga un trabajo de análisis más completo.

“Este estudio lo pueden hacer de manera más profunda, se utilizan equipos, sacan un pedazo de concreto y calculan la resistencia. Si no hay planos, también los elaboran. Ya con los planos se hace un análisis riguroso que determina si hay una estructura que hace falta reforzarla”, explicó.

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Ley de corto alcance

El sismo de 1985 cambió las reglas de construcción del entonces Distrito Federal. Ingenieros, arquitectos, legisladores, así como gobernantes buscaron la manera de garantizar la seguridad de los capitalinos frente a los sismos, una constante en la ciudad que se ve maximizado por la condición del tipo de tierra, que en su mayoría es de tipo blando.

Las condiciones de construcción cambiaron tras el sismo más grande que se haya vivido en la época contemporánea, juntos con los nuevos lineamientos se pensó que aquellas edificaciones anteriores al 85 deberían ser reforzadas.

“En un mundo ideal sí (debieron ser reforzadas), pero no podemos obligar al dueño a que invierta en una revisión y que invierta en un reforzamiento, en especial si el edificio no presenta evidencia de comportamiento anómalo”, dijo el ingeniero López Bátiz.

Actualmente, recordó, existe la recomendación del gobierno de la ciudad, en la que no obliga a que se refuercen los edificios, pero sí a que se revise.

El artículo 329 bis del Código Penal del Distrito Federal contempla una pena de 4 a 6 años 6 meses de prisión a los directores responsables de obra (DRO) o corresponsables que no cumplan con la normatividad, así como la suspensión para desempeñar su profesión u oficio hasta por el mismo periodo igual a la pena de prisión impuesta.

Esto podría cambiar, luego de que el pasado jueves el diputado local Luis Alberto Chávez García presentara una iniciativa  que propone “aumentar la pena de 8 a 10 años de prisión y la suspensión definitiva de la cédula profesional. La misma sanción para al propietario del inmueble, su representante legal o el constructor que teniendo conocimiento permita la edificación sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro a la normatividad”.

En entrevista telefónica, el legislador indicó que la intención es que los DRO sean más conscientes cuando hagan los trabajos bajo la consigna de que si no cumple, entonces sí irán a la cárcel, pues actualmente pueden pagar fianza.

“La propuesta ahora también incluye al propietario, quienes deben tomar en cuenta a la gente, especialmente cuando son trabajadores. Si tú como dueño sabes que tiene deficiencias tu estructura y que se puede caer, pues también entras en responsabilidad”, aseveró.

El edificio que cayó se encuentra justo a lado de la escuela Simón Bolívar. Una de las alumnas contó a este medio que las maestras de los grupos que se encuentran en el primer piso los replegaron a las pared, mientras que los del primer piso empezaron a evacuar.

La niña narró que el temblor movió la escuela, pero que el mayor susto fue cuando escucharon el estruendo de la caída del inmueble aledaño que derribó un muro, afortunadamente éste no era parte de los salones.

En esa primaria hay 284 alumnos en 10 grupos, y en el sitio “Mejora tu escuela” se advertía que no contaba con salidas de emergencia, y hasta el momento permanece cerrada.

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Los responsables

El caso del edificio de la colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc abrió recuerdos del 85. En el sismo de ese año también sucumbió una de las varias fábricas de costura que había en la zona, a sólo dos kilómetros, y donde actualmente se encuentra un monumento en recuerdo de las mujeres que murieron ahí.

Documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México, cuyas copias tiene El Sol de México, dan constancia del predio desde 1944, y reconoce como último propietario a la empresa Inmobiliaria Inmobico, representada por Alberto Cojab Sacal, que compró el inmueble en marzo de 2016 al Grupo Garaz, representado por Abraham Roffe Cherem.

Grupo Garaz adquirió la propiedad en diciembre de 2012; su dueña hasta 1990 fue la señora Luz Sabathie, hija de los primeros dueños, y quien al morir no dejó beneficiarios del usufructo heredado por sus padres.

Así queda la lista de dueños que no atendieron el llamado de alerta de la Cenapred.

Para el abogado Jesús González Schmal hay un delito que perseguir y se requerirá de una demanda por parte de los familiares de las víctimas ante la  Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fedapur).

“El propietario del inmueble fue requerido por la autoridad (Cenapred) para hacer determinadas refuerzos o aseguramientos de la construcción, si no es que también algunas demoliciones con nuevas medidas de seguridad, si esta persona fue requerido para ello, pero desobedeció, incurre en un delito de omisión que puede llegar, si hubo víctimas humanas, hasta un homicidio culposo, toda vez que habiéndose podido evitar la consecuencia de lo que era una amenaza, él fue omiso”, aseguró.

En este caso, como se trata de una empresa, quien haya sido nombrado responsable, generalmente el director o presidente, sería quien asumiría la responsabilidad, y no los socios en general, explicó el abogado.

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