/ miércoles 23 de octubre de 2019

Suma cuatro denuncias por abuso de autoridad

La jueza de Control, Karina Vértiz Marín, negó separar del cargo a una comandante de la Policía Estatal, a pesar de sumar cuatro carpetas de investigación en su contra, por el presunto delito de abuso de autoridad.

En audiencia pública en la que se dio cumplimiento a un amparo que ordenó la modificación de la medida cautelar, el agente de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción solicitó que la mujer policía fue retirada del cargo que ostenta en la Secretaría de Seguridad Pública estatal; sin embargo, la jueza comentó que no se podía “ir más allá” de lo ya resuelto, en virtud que solo se daba cumplimiento a lo ordenado por un juez federal.

A la mujer se le señala de haber hecho uso de la fuerza de manera excesiva en el municipio de Zempoala, lugar en el que ocupaba el cargo de comandante de la Policía Municipal, al hacer la detención de un grupo de jóvenes a los que presuntamente golpeó.

El agente adscrito a la Fiscalía Anticorrupción argumentó que si ella siguiera ostentando el cargo se corre el riesgo de acosar a la víctima, toda vez que como comandante de la SSP cuenta con los medios para hacerlo.

Por su parte, la defensa expuso que el abuso de autoridad no es un delito de alto impacto y en caso de que se avalara la separación del cargo contravendría el principio de inocencia que caracteriza el sistema penal adversarial.

De ahí que la jueza avaló como medida cautelar la prohibición de acercarse a las víctimas, y la firma periódica mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).

La jueza de Control, Karina Vértiz Marín, negó separar del cargo a una comandante de la Policía Estatal, a pesar de sumar cuatro carpetas de investigación en su contra, por el presunto delito de abuso de autoridad.

En audiencia pública en la que se dio cumplimiento a un amparo que ordenó la modificación de la medida cautelar, el agente de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción solicitó que la mujer policía fue retirada del cargo que ostenta en la Secretaría de Seguridad Pública estatal; sin embargo, la jueza comentó que no se podía “ir más allá” de lo ya resuelto, en virtud que solo se daba cumplimiento a lo ordenado por un juez federal.

A la mujer se le señala de haber hecho uso de la fuerza de manera excesiva en el municipio de Zempoala, lugar en el que ocupaba el cargo de comandante de la Policía Municipal, al hacer la detención de un grupo de jóvenes a los que presuntamente golpeó.

El agente adscrito a la Fiscalía Anticorrupción argumentó que si ella siguiera ostentando el cargo se corre el riesgo de acosar a la víctima, toda vez que como comandante de la SSP cuenta con los medios para hacerlo.

Por su parte, la defensa expuso que el abuso de autoridad no es un delito de alto impacto y en caso de que se avalara la separación del cargo contravendría el principio de inocencia que caracteriza el sistema penal adversarial.

De ahí que la jueza avaló como medida cautelar la prohibición de acercarse a las víctimas, y la firma periódica mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).

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