/ miércoles 10 de febrero de 2021

Sin lugar al retroceso: renovarse o desaparecer

Hace algunos días la Cámara de Diputados recibió una iniciativa preferente del Presidente de la República que tiene como objeto reformar diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, cuya razón de ser, de acuerdo a la exposición de motivos, es garantizar la soberanía en este rubro y obtener mejores precios para los consumidores finales soportando los cambios inflacionarios que pueda generar un alza desmedida.

La realidad es que este tipo de iniciativas, bajo ninguna circunstancia, deben ser aprobadas a la ligera porque en ella se involucran aspectos técnico - legislativos, así como otros factores que impactan, incluso, al exterior del país. Una propuesta de este calibre, por el lugar de donde proviene, pareciera que se debe pasar casi sin discusión, sin embargo, la opinión de especialistas pesa más que nunca cuando hay una intención de retroceder.

Para empezar, mal haría el Congreso de la Unión en violentar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobando una reforma legal que vulnera lo establecido en la Norma Suprema. Con la reforma en la materia de hace algunos años, se buscaba una mayor competitividad entre empresas productivas del Estado e inversionistas privados con la única finalidad de ofrecer costos más bajos al pueblo mexicano, tal y como ya ha venido sucediendo recientemente, a pesar de que se insista que los precios han subido.

Por otro lado, vulnerar los tratados internacionales de los que forma parte también es violar la Constitución y no sólo eso, no atender a los compromisos comerciales firmados puede generar una carga monetaria insoportable ante posibles controversias. El T-MEC, dentro de su conformación, permitía la inversión en energías limpias, incluso, la fomentaba, en un marco de reciprocidad entre los tres países involucrados, sin embargo, con esta iniciativa se suspenden esos beneficios para quienes ya habían invertido grandes cantidades de dinero en ello, propiciando que, de acuerdo con el capítulo de solución de controversias, nuestro país lleve las de perder ante un panel arbitral por no respetar lo establecido en esa relación comercial que, por cierto, se vuelve a construir casi de cero con la llegada del Presidente Biden.

Las energías limpias no sólo abaratan los costos en la generación, sino que es un aspecto obligado en una globalización que, con los combustibles fósiles, ha dañado casi de forma permanente a nuestro planeta. Proteger a la CFE sólo porque sí, implica aceptar la posición infranqueable de su director de seguir generando a través de energías fósiles por encima del llamado a no hacerlo.

El tema de la competitividad es fundamental ante empresas del Estado quebradas, sin ideas y que requieren modernizarse. Lejos de creer que la llegada de otros inversores anule a CFE, el plan debería enfocarse en renovar hasta el más mínimo aspecto de la Comisión que sigue aletargada por las ideas arcaicas de quienes las dirigen. La competencia beneficia a la propia empresa del Estado pero, por encima de todo, entrega mejores precios a los consumidores, a los hogares mexicanos que, ojalá, vean dentro de muy pronto que el costo de su consumo eléctrico se reduce casi en un 90 por ciento como ya está sucediendo en Europa. Mesura es lo que requiere una iniciativa que necesita mucho análisis de especialistas legislativos y técnicos de cara a una avalancha de vuelta a las viejas prácticas que, al final de cuentas, a quienes lastimará severamente es a las y los mexicanos que buscan mejores condiciones de vida que no afecten sus bolsillos. Que quede muy claro que quienes van a terminar pagando los platos rotos de esta iniciativa preferente serán las y los mexicanos con el alza de tarifas que se dará tarde o temprano.

Hace algunos días la Cámara de Diputados recibió una iniciativa preferente del Presidente de la República que tiene como objeto reformar diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, cuya razón de ser, de acuerdo a la exposición de motivos, es garantizar la soberanía en este rubro y obtener mejores precios para los consumidores finales soportando los cambios inflacionarios que pueda generar un alza desmedida.

La realidad es que este tipo de iniciativas, bajo ninguna circunstancia, deben ser aprobadas a la ligera porque en ella se involucran aspectos técnico - legislativos, así como otros factores que impactan, incluso, al exterior del país. Una propuesta de este calibre, por el lugar de donde proviene, pareciera que se debe pasar casi sin discusión, sin embargo, la opinión de especialistas pesa más que nunca cuando hay una intención de retroceder.

Para empezar, mal haría el Congreso de la Unión en violentar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobando una reforma legal que vulnera lo establecido en la Norma Suprema. Con la reforma en la materia de hace algunos años, se buscaba una mayor competitividad entre empresas productivas del Estado e inversionistas privados con la única finalidad de ofrecer costos más bajos al pueblo mexicano, tal y como ya ha venido sucediendo recientemente, a pesar de que se insista que los precios han subido.

Por otro lado, vulnerar los tratados internacionales de los que forma parte también es violar la Constitución y no sólo eso, no atender a los compromisos comerciales firmados puede generar una carga monetaria insoportable ante posibles controversias. El T-MEC, dentro de su conformación, permitía la inversión en energías limpias, incluso, la fomentaba, en un marco de reciprocidad entre los tres países involucrados, sin embargo, con esta iniciativa se suspenden esos beneficios para quienes ya habían invertido grandes cantidades de dinero en ello, propiciando que, de acuerdo con el capítulo de solución de controversias, nuestro país lleve las de perder ante un panel arbitral por no respetar lo establecido en esa relación comercial que, por cierto, se vuelve a construir casi de cero con la llegada del Presidente Biden.

Las energías limpias no sólo abaratan los costos en la generación, sino que es un aspecto obligado en una globalización que, con los combustibles fósiles, ha dañado casi de forma permanente a nuestro planeta. Proteger a la CFE sólo porque sí, implica aceptar la posición infranqueable de su director de seguir generando a través de energías fósiles por encima del llamado a no hacerlo.

El tema de la competitividad es fundamental ante empresas del Estado quebradas, sin ideas y que requieren modernizarse. Lejos de creer que la llegada de otros inversores anule a CFE, el plan debería enfocarse en renovar hasta el más mínimo aspecto de la Comisión que sigue aletargada por las ideas arcaicas de quienes las dirigen. La competencia beneficia a la propia empresa del Estado pero, por encima de todo, entrega mejores precios a los consumidores, a los hogares mexicanos que, ojalá, vean dentro de muy pronto que el costo de su consumo eléctrico se reduce casi en un 90 por ciento como ya está sucediendo en Europa. Mesura es lo que requiere una iniciativa que necesita mucho análisis de especialistas legislativos y técnicos de cara a una avalancha de vuelta a las viejas prácticas que, al final de cuentas, a quienes lastimará severamente es a las y los mexicanos que buscan mejores condiciones de vida que no afecten sus bolsillos. Que quede muy claro que quienes van a terminar pagando los platos rotos de esta iniciativa preferente serán las y los mexicanos con el alza de tarifas que se dará tarde o temprano.