Con el objetivo de contar con un medio a través del cual se otorgue la debida protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con el que se contribuya a generar mejores condiciones para el ejercicio de su función, tanto en lo individual como en lo colectivo, ante la subsistencia de actos de estigmatización, intimidación, amenazas, criminalización, acoso, e impunidad en los delitos de que son víctimas los integrantes de estos dos grupos y, que los ha colocado en situación de riesgo como consecuencia de su labor, el diputado local, Roberto Rico Ruiz, propuso la creación de la Fiscalía de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y Periodistas, como un órgano de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.
La nueva área estará dotada de autonomía técnica, administrativa y operativa, que cuente con facultades para investigar, combatir, prevenir dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la defensa de los derechos humanos, así como la actividad periodística.
A decir del legislador priísta es necesaria la atención a las víctimas del delito, a través de una institución que permita promover una cultura de prevención del delito, así como el respeto y difusión de los derechos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información; abonando así, al mecanismo de protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Rico Ruiz recordó que anteriormente se contaba con un área, creada “mediante el Acuerdo Número 1/2015, en ese año, Alejandro Straffon Ortiz, Procurador General de Justicia del Estado, creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y Periodistas, estableciendo su competencia para dirigir, integrar, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, el ejercicio de la acción penal, por delitos cometidos en contra de periodistas o defensores de derechos humanos”.
Sin embargo, añadió, “dicha institución no fue trasladada a la Ley Orgánica que a través de la presente se reforma y adiciona, menos aún, resulta ser un órgano en funciones, ya que, los asuntos materia de la misma, han sido transitados a través de la Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social”.
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Por último Rico Ruiz destacó las adecuaciones normativas, en las que se refleje la necesidad de que el Estado proporcione la debida salvaguarda de quienes se encuentran en grupos calificados como vulnerables”, concluyó.
