Se debe revisar el marco jurídico estatal y municipal sobre los permisos para autorizar los desarrollos inmobiliarios, es hora de que diputados locales y funcionarios verifiquen el cumplimiento de frente a quienes compran y viven en las unidades habitacionales, coincidieron en señalar la regidora de Zapotlán, Lorena Gómez Pineda; el presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica Sección Hidalgo, Rubén Pérez Ángeles, y la presidencia de la asociación de Fraccionamientos del Sur, Lilia Vega.
Entrevistados por separado, la munícipe Lorena Gómez consideró que la llegada de más habitantes a un nuevo fraccionamiento implica aumento en la demanda de los servicios municipales, por lo que debería incluirse que las empresas constructoras consideren incluir escuelas, centro de salud, mercado, así como entregar, si el número de viviendas es considerable como en el caso de Zapotlán: patrulla o patrullas, camión recolector de basura, para uso general.
Al no ser de interés colectivo de un cabildo, como ocurre en el que forma parte, no se actualiza su marco jurídico municipal para incluir lo que ella cree debería formar parte de los trámites.
El presidente de la Asociación, Rubén Pérez, opinó que se necesita robustecer las leyes que contribuyan al aprovechamiento del agua pluvial para recargar los mantos acuíferos y poner énfasis en la planeación para evitar inundaciones como las que con cada temporada padecen en Pachuca y donde hay unidades habitacionales colindantes con Zempoala y Mineral de la Reforma, que no incluyeron drenes pluviales y pozos de infiltración que el crecimiento urbano demanda.
Mientras que Lilia Vega dijo que para acabar con los fraudes en las venta de casas, como le sucedió a más de 120 mil habitantes del polígono Pachuca-Mineral de la Reforma-Zempoala, debería exigirse que primero terminen completamente el fraccionamiento, verificarse que cumpla con lo ofertado por la constructora y entonces empezar a ofrecerlas a los posibles compradores, así como crear un observatorio ciudadano de vivienda que siga los trámites que realice el desarrollador para evitar actos de corrupción.