/ martes 17 de mayo de 2022

Mantiene Hidalgo Estado de Derecho, revela estudio

La evaluación detalló que en promedio, la entidad se ubicó en el sitio 14, arriba de la media nacional

Durante el año 2021, Hidalgo cayó 0.02 puntos en el Índice del Mayor Respeto al Estado de Derecho, ubicándose en el décimo cuarto lugar a nivel nacional con un puntaje general de 0.42 unidades, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, elaborado por World Justice Project (WJP).

El estudio reveló que en la escala del puntaje del cero al uno, Hidalgo se situó en el décimo cuarto puesto en cuanto a los límites del poder gubernamental con 0.42 puntos, mientras que en ausencia de corrupción alcanzó 0.35 unidades ubicándose en el décimo sexto sitio a nivel nacional.

En la categoría de gobierno abierto, Hidalgo se posicionó en el sexto lugar a nivel nacional con un puntaje de 0.54 unidades, mientras que el respeto a los derechos fundamentales fue de 0.49 puntos situándose en el décimo quinto puesto en el país.

En el orden y seguridad, la entidad se ubicó en el noveno lugar con 0.51 puntos, mientras que en el cumplimiento regulatorio fue de 0.34 unidades con vigésimo tercer puesto a nivel nacional, en tanto que la justicia civil contabilizó 0.36 unidades con el décimo quinto lugar y en justicia penal con 0.35 unidades con el décimo octavo peldaño.

Aunque Hidalgo no había presentado variaciones en las dos ediciones anteriores del Índice del Estado de Derecho del World Justice Project, para el último año se reportó una caída por el deterioro a los contrapesos al Poder Ejecutivo por parte del Legislativo y del Judicial tras el cambio de legislatura en el Congreso local.

Al respecto, el investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Guillermo Lizama Carrasco, explicó que la caída del indicador ocurrió también por la contracción de las organizaciones de la sociedad civil, así como diferentes actores adicionales pueden fungir como contrapesos al poder público.

El académico refirió que existen temas que deben ser atendidos como la corrupción que se convierte en uno de los elementos en los que Hidalgo está más cercano al cero que al uno, así como al cumplimiento regulatorio y la justicia penal, los cuales son las categorías más bajas en esos niveles.

Por su parte, Gerardo Romero, presidente de la asociación Defensa Integral de Derechos Humanos, señaló que otra de las causas por las que Hidalgo tuvo un retroceso fue por la procuración de justicia, en la cual han existido diferentes deficiencias que no han sido atendidas por los órganos institucionales y que han promovido una perspectiva de impunidad.

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De la misma manera, el jurista advirtió que las víctimas de delitos graves no tienen acceso a las carpetas de investigación, lo que evidencia que existe una falta de respeto al Estado de Derecho en la entidad y que también se traslada al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo.

El World Justice Project cada año da conocer los resultados del Índice de Estado de Derecho en las 32 entidades federativas, en las que detectó en su mayoría en el último año que hubo un estancamiento en cuanto a los indicadores y caídas en torno a la justicia penal y civil.

Durante el año 2021, Hidalgo cayó 0.02 puntos en el Índice del Mayor Respeto al Estado de Derecho, ubicándose en el décimo cuarto lugar a nivel nacional con un puntaje general de 0.42 unidades, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, elaborado por World Justice Project (WJP).

El estudio reveló que en la escala del puntaje del cero al uno, Hidalgo se situó en el décimo cuarto puesto en cuanto a los límites del poder gubernamental con 0.42 puntos, mientras que en ausencia de corrupción alcanzó 0.35 unidades ubicándose en el décimo sexto sitio a nivel nacional.

En la categoría de gobierno abierto, Hidalgo se posicionó en el sexto lugar a nivel nacional con un puntaje de 0.54 unidades, mientras que el respeto a los derechos fundamentales fue de 0.49 puntos situándose en el décimo quinto puesto en el país.

En el orden y seguridad, la entidad se ubicó en el noveno lugar con 0.51 puntos, mientras que en el cumplimiento regulatorio fue de 0.34 unidades con vigésimo tercer puesto a nivel nacional, en tanto que la justicia civil contabilizó 0.36 unidades con el décimo quinto lugar y en justicia penal con 0.35 unidades con el décimo octavo peldaño.

Aunque Hidalgo no había presentado variaciones en las dos ediciones anteriores del Índice del Estado de Derecho del World Justice Project, para el último año se reportó una caída por el deterioro a los contrapesos al Poder Ejecutivo por parte del Legislativo y del Judicial tras el cambio de legislatura en el Congreso local.

Al respecto, el investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Guillermo Lizama Carrasco, explicó que la caída del indicador ocurrió también por la contracción de las organizaciones de la sociedad civil, así como diferentes actores adicionales pueden fungir como contrapesos al poder público.

El académico refirió que existen temas que deben ser atendidos como la corrupción que se convierte en uno de los elementos en los que Hidalgo está más cercano al cero que al uno, así como al cumplimiento regulatorio y la justicia penal, los cuales son las categorías más bajas en esos niveles.

Por su parte, Gerardo Romero, presidente de la asociación Defensa Integral de Derechos Humanos, señaló que otra de las causas por las que Hidalgo tuvo un retroceso fue por la procuración de justicia, en la cual han existido diferentes deficiencias que no han sido atendidas por los órganos institucionales y que han promovido una perspectiva de impunidad.

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De la misma manera, el jurista advirtió que las víctimas de delitos graves no tienen acceso a las carpetas de investigación, lo que evidencia que existe una falta de respeto al Estado de Derecho en la entidad y que también se traslada al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo.

El World Justice Project cada año da conocer los resultados del Índice de Estado de Derecho en las 32 entidades federativas, en las que detectó en su mayoría en el último año que hubo un estancamiento en cuanto a los indicadores y caídas en torno a la justicia penal y civil.

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