En el Poder Legislativo local se acumulan diversos asuntos que se han dejado de lado, como asignar la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) y de los órganos internos de control de los organismos autónomos, además de resolver respecto de la utilización de aparatos electrónicos para la emisión del voto en el salón de plenos.
A lo anterior se suma que los integrantes de la LXV Legislatura de Hidalgo tienen pendiente la integración de las segundas comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales, así como la de Hacienda y Presupuesto, a efecto de analizar los vetos que fueron aplicados por el aún titular del Ejecutivo, Omar Fayad Meneses.
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Tampoco han elegido a los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Hidalgo y otro asunto que el pleno del Congreso tiene pendiente es la emisión de una Ley de Responsabilidad Patrimonial. Esto, después una omisión legislativa de alrededor de 20 años y tras un ordenamiento judicial por la interposición de un amparo por parte de la unidad de litigio de la defensoría pública federal.
Con ello, el Estado deberá reconocer la obligación de la Administración Pública, de resarcir los daños y perjuicios causados a particulares.
Fue el pasado 28 de octubre de 2021 que el Juez Tercero de Distrito de Hidalgo otorgó el amparo y se ordena al Poder Legislativo local debe cumplir con la obligación estipulada en el artículo único transitorio del Decreto publicado el 14 de junio de 2002 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se reformó el artículo 113 (hoy 109) de la carta magna.
En este caso, la iniciativa fue presentada en abril de 2022, pero aún no ha sido discutida y aprobada en el pleno, aun cuando el término establecido por el juez de distrito de 100 días para crear la ley, ya se venció.
Desde diciembre pasado (2021), los diputados y diputadas debieron nombrar al titular de la CDHEH, sin embargo, contrario a todo protocolo, el dictamen se encuentra todavía en la Comisión que preside la diputada Michelle Calderón y quien hasta la fecha cada vez que se le cuestiona sobre el tema, responde que el dictamen debe ser discutido y analizado en el pleno, pero no menciona cuándo será turnado por el órgano que encabeza.
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En el caso del nombramiento de los titulares de los órganos internos de control de la CDHEH, del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH) y de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), los dictámenes no alcanzaron consenso y optaron por ampliar el periodo de los actuales encargados por tiempo indefinido.
Asimismo, cabe recordar que de las reformas aprobadas por la pasada LXIV legislatura, el gobernador del estado regresó con observaciones cinco dictámenes, mismos que deberán ser reanalizados por segundas comisiones, las cuales no han sido creadas.
Los cinco vetos enviados por el gobernador Omar Fayad al Congreso del estado corresponden a la Ley de Acceso al Derecho a la Alimentación; Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Hidalgo; las adiciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, al Decreto de Deuda Pública para el estado de Hidalgo y el Decreto por el cual se autoriza a los 84 municipios del estado contratar uno o varios créditos o financiamientos.
Al respecto, la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que la integración de las Segundas Comisiones debe ser una propuesta de la Junta de Gobierno, y al respecto el diputado presidente de dicho órgano, Jorge Hernández Araus, comentó que el tema no ha sido abordado en la Junta.
Por otra parte, los integrantes de la LXV Legislatura también tienen pendiente concluir la consulta indígena para la creación de reformas en materia electoral relacionada con los pueblos y comunidades indígenas, así como la que tiene que ver con personas discapacitadas, ambas consultas están en proceso, pero no concluidas.
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Finalmente, cabe recordar aunque el sueldo de un legislador asciende a 48 mil pesos mensuales, además mes a mes reciben la cantidad de 100 mil pesos para gastos de representación y actividad legislativa.
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