Dan plazo a alcaldesa para atender solicitud

En caso de reincidir, los magistrados advierten hasta arresto por 36 horas

Viridiana Fernández

  · sábado 7 de mayo de 2022

Deberá de entregar documentos por cualquier medio físico o electrónico / Foto: Jafet Terrazas

Debido a la omisión de Elizabeth Vargas Trejo, presidenta del municipio de Acatlán, de no entregar información que le solicitó un regidor, el Tribunal Electoral del estado de Hidalgo (TEEH) ordenó y dio un plazo de cinco días hábiles para el cumplimiento y de no hacerlo se hará acreedora a una multa de hasta 100 UMAS. En caso de reincidencia, hasta un arresto por 36 horas.

La alcaldía justificó su actuar con la gran cantidad de documentos que se tendrían que fotocopiar, a esto, el TEEH calificó como un argumento no válido para no expedir o proporcionar la información solicitada al regidor Pasiano Francisco Barranco Islas.

Conforme al proyecto de resolución del Tribunal sobre el juicio para la protección de los derechos político electorales promovida por el regidor en el cual impugna dicha omisión, la alcaldesa Elizabeth Vargas deberá entregar sin costo alguno dentro del plazo fijado las copias certificadas de información referente a los expedientes de obras realizadas con recursos propios correspondiente a los ejercicios 2021.

Asimismo, deberá ser entregada por cualquier medio físico o electrónico considerando generar el menor perjuicio a la hacienda municipal pero que permita al actor tener pleno acceso a la misma debiendo levantar acta circunstanciada de su entrega. De no hacerlo, los magistrados advirtieron que se hará acreedora a una multa de hasta 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) y en caso de reincidencia podría aplicarse hasta el doble dela cantidad incluso hasta arresto por 36horas como lo establece el artículo 360del código electoral.

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Asimismo, exhortaron a la presidencia municipal, como medida de no repetición en lo subsecuente, contestar y entregar en plazo breve las peticiones de información realizada por cualquier miembro del ayuntamiento y a no violentar los derechos políticos electorales de los actores.