En caso de que una adolescente llegue a pedir atención por un embarazo, se deben hacer las notificaciones correspondientes al Ministerio Público, así como dar seguimiento si la menor decidió o no tener al bebé, pero sobre todo evitar que regrese al lugar o evitar el contacto con la persona responsable de la paternidad del bebé.
Así se estableció en un diálogo para el fortalecimiento de la Estrategia Nacional en Derechos Sexuales y Reproductivos, en el que participaron especialistas, feministas, autoridades del INMujeres, SIPPINA y sector salud.
La representante de la sociedad civil lamentó que la ley permita una objeción de consciencia por parte de los médicos, pero no establezca la obligación de reportar un embarazo de una menor de edad ante la Procuraduría, en cambio, cuando se trata de denunciar un aborto, “inmediatamente lo hacen”.
Entre las causas que se mencionaron se encuentra: ver la maternidad como una bendición, violencia familiar y una deficiente aplicación de la norma 046 que permite el aborto en cualquier clínica de salud cuando el embarazo sea producto de una violación.
Sobre las cifras, se mencionó que en Hidalgo en 2018 se registró un promedio de 61 nacimientos por cada mil adolescentes; muy debajo del promedio nacional que es de 77 por cada mil.
María Torres Chávez, representante de SIPPINA nacional, indicó que se han realizado estudios y arrojan que un alto porcentaje de progenitores son niños de la misma edad de las niñas, entre 15 y 19 años.
Asimismo, otro alto porcentaje no se especifica la edad y ello habla de relaciones no consensuadas, de poder y desiguales.
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