El subsecretario de Gobernación de Hidalgo, José Antonio Sosa Echeverría, dijo que en el caso de los desplazados de Coamila, Huejutla, hay una "colisión de derechos" entre estos y sus vecinos y autoridades de Rancho Nuevo, que se está resolviendo, sin dar fecha de solución, además que negó supuesta desatención en salud, educación y alimentación para esas personas en el refugio de la unidad deportiva de Colalambre donde se improvisó refugio.
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Entrevistado por este diario el jueves 25 de julio al salir de la inauguración del Seminario sobre libertad religiosa y derechos humanos en la Sala del Pueblo del Palacio de Gobierno, dirigido a funcionarios estatales, precisó que “no es, no obedece a una cuestión religiosa (el caso), es una de las aristas; de acuerdo con lo que tengo es que al parecer unas personas de un grupo religioso se abstenían de realizar las faenas comunes” e insistió que está dialogando con diferentes instancias municipales, estatales y de derechos humanos para que retornen a sus hogares.
Mientras que vía telefónica y por videos enviados a este diario, los más de 150 habitantes de Coamila, quienes fueron supuestamente desterrados por sus vecinos y autoridades comunitarias por practicar la religión evangélica el pasado 27 de abril y que están viviendo en la unidad deportiva, reciben despensas y alimentos donados por feligreses de otras iglesias, no del gobierno.
Según su versión, el agua potable la compran y lavan su ropa en un río que pasa cerca del refugió donde también se bañan, líquido que presuntamente está sucio o contaminado y habría provocado a algunos infantes y mujeres alteraciones a su salud, para lo cual no tienen medicinas ni médico.
