El presidente de la comisión de Migración del Congreso local, Julio Valera Piedras, aseguró que la iniciativa para expedir la Ley de Atención a Migrantes Hidalguenses en un Contexto de Movilidad busca establecer un marco jurídico en favor de los migrantes en el estado.
El también secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado afirmó que estuvo en contacto con las organizaciones migrantes de la entidad, pues reconocer el esfuerzo que realizan para apoyar la economía del estado a través de las remesas, por lo que pretende con la iniciativa que presentó en la última sesión del periodo ordinario de sesiones legislativas incluir los programas sociales para la atención de los migrantes hidalguenses.
De acuerdo con el legislador local, buscan que el programa 3X1 se fortalezca con la federación y se apoyen a los familiares de los migrantes, por lo que, enfatizó, se contó con la participación de los clubes de migrantes hidalguenses que ayudan a sus familias y que esto a su vez beneficia la economía de la entidad.
Indicó que la iniciativa cuenta con una mirada incluyente de los migrantes, por lo que es una propuesta que consideró las posturas de quienes han dejado sus lugares de origen para que se incluyan programas sociales y se privilegien los derechos humanos por el esfuerzo que desarrollan.
Con respecto a la atención de la Guardia Nacional en el tema migratorio, dijo que este nuevo cuerpo de seguridad debe encargarse exclusivamente de los temas de su competencia conforme a sus lineamientos, aunque afirmó que apoyarán al gobierno federal en tanto se atiendan los temas de la seguridad.
Agregó que el gobierno federal debe buscar que los migrantes sean atendidos de forma digna con respeto a sus derechos humanos y que se apliquen tanto para los mexicanos como para las personas de otras nacionalidades que forma parte del derecho internacional que es aplicable en cualquier país.
Consideró que el tema de la migración se debe a las personas que buscan mejores condiciones de vida, pero que ésta tiene una regulación legal que debe respetarse en cualquier país, por lo que se deben analizar los casos en donde la justicia y el derecho se contrapuntean y las instancias de seguridad deben estar sensibilizadas en ese aspecto.