/ viernes 8 de noviembre de 2019

Alzan la voz por los ataques a periodistas

Andrés Manuel López Obrador se compromete con la CIRT a reducir los tiempos oficiales

La comunidad internacional alzó la voz contra la impunidad de los delitos contra periodistas, y demandó al gobierno mexicano recursos para garantizar justicia al gremio. En respuesta, representantes del Ejecutivo aseguraron que hay disposición para implementar políticas de protección y justicia, además de que anunció un programa de seguridad social para periodistas.

David Kaye, relator especial de Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, advirtió que en México siguen los ataques a periodistas, por lo que urgió a las autoridades a implementar programas con recursos necesarios para castigar estos ataques.

“Sabemos que en México esto no puede ser sólo una reunión de celebración, es una reunión de preocupación, reunión de urgencia, reunión que no puede ignorar la crisis de ataques a periodistas en México que se ha dado durante años y que aún continua y prevalece la impunidad”, dijo durante su participación en el seminario internacional Fortalecimiento de la cooperación regional para poner fin a la impunidad de los crímenes y ataques contra periodistas en América Latina.

Ante representantes del gobierno federal, Kaye reconoció que nuestro país ha estado dando pasos para enfrentar el problema, pero aún falta concretar esas políticas públicas.

“México ha reconocido la necesidad de comenzar programas de protección y enjuiciamiento, pero requieren de más trabajo y de más recursos.

“Al coincidir en la urgencia por generar mejores mecanismos de investigación y enjuiciamiento, así como la rendición de cuentas, el subdirector general del sector de comunicación e información de la UNESCO, Moez Chakchouk, detalló que un periodista muere cada cuatro días, de los cuales dijo, nueve de cada diez casos se conservan impunes.

Señaló que la UNESCO reporta un incremento del 20 por ciento de aumento en asesinatos a periodistas en los últimos cinco años, con respecto a los cinco anteriores, donde el 26 por ciento de periodistas asesinados eran de América Latina y el Caribe.

Refirió que estos ocurrieron en zonas donde no había conflictos de guerra y que por el contrario fue por las investigaciones sobre crímenes sobre violaciones, corrupción, entre otros.

En respuesta, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, reconoció "el saldo negativo" que tiene el país en materia de protección de los derechos humanos e impunidad, por lo que dijo que adoptarán las 104 recomendaciones que Naciones Unidas hace para mejorar, reforzar y fortalecer el mecanismo de protección a periodistas.

"Estamos dispuestos a escuchar y estamos dispuestos a incluir en la acción pública del gobierno federal todas las recomendaciones y observaciones que los organismos internacionales están haciendo", afirmó.

También anunció que el gobierno federal lanzará un programa de seguridad social y jubilación a través del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) para quienes ejercen periodismo sin importar su condición laboral.

El coordinador de comunicación de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, detalló que esta propuesta alcanzaría también a quienes de manera libre ejercen esta labor y no pertenecen a alguna empresa periodística, como son los freelancer en los medios.

"Hay un compromiso del gobierno de México de promover una iniciativa de seguridad social para los periodistas mexicanos que no cuentan con ninguna protección, ni jubilación ni salud. A través del IMSS se va a hacer un programa de salvaguarda y protección y de seguridad social para los periodistas que ejerzan esta labor, independientemente de su condición laboral", adelantó.

Asimismo, indicó que se creará un fondo, que será admnistrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la UNESCO, para apoyar el periodismo de investigación, a través de recursos públicos y con la convocatoria a la sociedad para "alimentar y fortalecer este fondo".

En tanto, la Secretaría de Gobernación detalló que este 2019 se perfila como el año en el que más periodistas acogieron el mecanismo federal para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos desde su creación en 2012.

Así lo dio a conocer el suplente de Alejandro Encinas en la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Aarón Mastache Mondragón, pues especificó que sólo en 10 meses del actual gobierno, se han recibido al menos 330 solicitudes, dando un total de 1060 personas resguardadas bajo esta medida de protección. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión admitió que las deficiencias de recursos en su interior, le obliga a adoptar "una política clara de determinar qué casos podemos atender y qué casos no podemos atender".

"Tenemos que ser efectivos y la única manera de ser efectivos es destinar lo que tenemos a resolverlo", dijo el fiscal especial Ricardo Sánchez Pérez del Pozo.

Sobre el mecanismo, el titular de la CNDH, Luis Raúl Gonzlaez Pérez, dijo que debe de cambiar, ya que uno de sus principales problemas es la falta de armonización y articulación entre los mecanismos de protección de los gobiernos locales y la federación que permite la impunidad. Mientras, Jan Jarab, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, admitió que se va de México "con una sensación de que los avances son posibles".

SENTENCIAN A ASESINO

En audiencia ante el juzgado correspondiente, le dictaron sentencia condenatoria de 20 años de prisión por el delito de homicidio calificado y el pago de 129 mil pesos para reparación de daño, a Juan Miguel N., al autor material del homici-dio del comunicador Juan Carlos Huerta Gutiérrez.

Juan Miguel N., fue detenido el 20 de septiembre del 2018, cuando en ese entonces el fiscal General del Estado de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas, diera a conocer la detención del presunto asesino material del periodista Juan Carlos Huerta Gutiérrez, ocurrido la mañana del 15 de mayo de ese año cuando salía del fraccionamiento Flores del Trópico. Durante esa conferencia de prensa, el titular de la FGE dio a conocer que, según las investigaciones realizadas, el móvil del crimen no tenía que ver ni con delincuencia organizada ni con su oficio.

La comunidad internacional alzó la voz contra la impunidad de los delitos contra periodistas, y demandó al gobierno mexicano recursos para garantizar justicia al gremio. En respuesta, representantes del Ejecutivo aseguraron que hay disposición para implementar políticas de protección y justicia, además de que anunció un programa de seguridad social para periodistas.

David Kaye, relator especial de Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, advirtió que en México siguen los ataques a periodistas, por lo que urgió a las autoridades a implementar programas con recursos necesarios para castigar estos ataques.

“Sabemos que en México esto no puede ser sólo una reunión de celebración, es una reunión de preocupación, reunión de urgencia, reunión que no puede ignorar la crisis de ataques a periodistas en México que se ha dado durante años y que aún continua y prevalece la impunidad”, dijo durante su participación en el seminario internacional Fortalecimiento de la cooperación regional para poner fin a la impunidad de los crímenes y ataques contra periodistas en América Latina.

Ante representantes del gobierno federal, Kaye reconoció que nuestro país ha estado dando pasos para enfrentar el problema, pero aún falta concretar esas políticas públicas.

“México ha reconocido la necesidad de comenzar programas de protección y enjuiciamiento, pero requieren de más trabajo y de más recursos.

“Al coincidir en la urgencia por generar mejores mecanismos de investigación y enjuiciamiento, así como la rendición de cuentas, el subdirector general del sector de comunicación e información de la UNESCO, Moez Chakchouk, detalló que un periodista muere cada cuatro días, de los cuales dijo, nueve de cada diez casos se conservan impunes.

Señaló que la UNESCO reporta un incremento del 20 por ciento de aumento en asesinatos a periodistas en los últimos cinco años, con respecto a los cinco anteriores, donde el 26 por ciento de periodistas asesinados eran de América Latina y el Caribe.

Refirió que estos ocurrieron en zonas donde no había conflictos de guerra y que por el contrario fue por las investigaciones sobre crímenes sobre violaciones, corrupción, entre otros.

En respuesta, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, reconoció "el saldo negativo" que tiene el país en materia de protección de los derechos humanos e impunidad, por lo que dijo que adoptarán las 104 recomendaciones que Naciones Unidas hace para mejorar, reforzar y fortalecer el mecanismo de protección a periodistas.

"Estamos dispuestos a escuchar y estamos dispuestos a incluir en la acción pública del gobierno federal todas las recomendaciones y observaciones que los organismos internacionales están haciendo", afirmó.

También anunció que el gobierno federal lanzará un programa de seguridad social y jubilación a través del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) para quienes ejercen periodismo sin importar su condición laboral.

El coordinador de comunicación de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, detalló que esta propuesta alcanzaría también a quienes de manera libre ejercen esta labor y no pertenecen a alguna empresa periodística, como son los freelancer en los medios.

"Hay un compromiso del gobierno de México de promover una iniciativa de seguridad social para los periodistas mexicanos que no cuentan con ninguna protección, ni jubilación ni salud. A través del IMSS se va a hacer un programa de salvaguarda y protección y de seguridad social para los periodistas que ejerzan esta labor, independientemente de su condición laboral", adelantó.

Asimismo, indicó que se creará un fondo, que será admnistrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la UNESCO, para apoyar el periodismo de investigación, a través de recursos públicos y con la convocatoria a la sociedad para "alimentar y fortalecer este fondo".

En tanto, la Secretaría de Gobernación detalló que este 2019 se perfila como el año en el que más periodistas acogieron el mecanismo federal para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos desde su creación en 2012.

Así lo dio a conocer el suplente de Alejandro Encinas en la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Aarón Mastache Mondragón, pues especificó que sólo en 10 meses del actual gobierno, se han recibido al menos 330 solicitudes, dando un total de 1060 personas resguardadas bajo esta medida de protección. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión admitió que las deficiencias de recursos en su interior, le obliga a adoptar "una política clara de determinar qué casos podemos atender y qué casos no podemos atender".

"Tenemos que ser efectivos y la única manera de ser efectivos es destinar lo que tenemos a resolverlo", dijo el fiscal especial Ricardo Sánchez Pérez del Pozo.

Sobre el mecanismo, el titular de la CNDH, Luis Raúl Gonzlaez Pérez, dijo que debe de cambiar, ya que uno de sus principales problemas es la falta de armonización y articulación entre los mecanismos de protección de los gobiernos locales y la federación que permite la impunidad. Mientras, Jan Jarab, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, admitió que se va de México "con una sensación de que los avances son posibles".

SENTENCIAN A ASESINO

En audiencia ante el juzgado correspondiente, le dictaron sentencia condenatoria de 20 años de prisión por el delito de homicidio calificado y el pago de 129 mil pesos para reparación de daño, a Juan Miguel N., al autor material del homici-dio del comunicador Juan Carlos Huerta Gutiérrez.

Juan Miguel N., fue detenido el 20 de septiembre del 2018, cuando en ese entonces el fiscal General del Estado de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas, diera a conocer la detención del presunto asesino material del periodista Juan Carlos Huerta Gutiérrez, ocurrido la mañana del 15 de mayo de ese año cuando salía del fraccionamiento Flores del Trópico. Durante esa conferencia de prensa, el titular de la FGE dio a conocer que, según las investigaciones realizadas, el móvil del crimen no tenía que ver ni con delincuencia organizada ni con su oficio.

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