Sin instalaciones forenses para albergar al mismo tiempo 53 restos humanos, sin protocolo de actuación y con un operativo nunca antes aplicado, tanto para el traslado como para la entrega a las familias, la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) se encargó del tratamiento de las personas fallecidas el 18 de enero de 2019, luego de que una toma clandestina hiciera explosión en los límites de Tlahuelilpan y Tlaxcoapan.
A un año de la tragedia, Raúl Arroyo, procurador del estado, recuerda algunos de los detalles de aquel trágico día y hasta el último día de marzo que fue cuando realizaron la entrega de los últimos restos: una persona de origen hondureño.
Testigo de la entrega a sus familiares, el procurador de Justicia, Raúl Arroyo González, miró cómo algunos pudieron descansar al llevar a casa el féretro con los restos de su ser querido y con ello terminar la pesadilla.
“Vi las entregas, cosas desastrosas. El féretro se entregaba en bolsa sellada, ya no se podía abrir, la gente lo recibía y ahí descansaba. Se acabó la pesadilla (…) Llevaban sus jugos, los metían a las cajas; son costumbres de por allá, jugos, juguetes, ropa, estampitas, galletas que les gustaban, Se sellaba la caja y se entregaba”, expresó.
Consciente de que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) continúa abierta, el fiscal hidalguense señala que la labor de la Procuraduría estatal implicó un operativo “inédito”, sobre todo por el cuidado que se debía tener.
“Lo primero que hicimos fue concentrar los restos en Tula en una funeraria, de ahí los trasladamos a Pachuca, sólo el operativo para trasladarlos.”
El operativo consistió en trasladar resto por resto, de la funeraria al frigorífico, a cada bolsa se le colocó un número de identificación y un registro; se requirió de la presencia de una visitadora de derechos humanos para que constatara que de la puerta a la cámara no pasó.
Se grabó todo. Se identificó a cada una de las personas que participaron en el proceso “choferes, placas, todo. Nunca ha habido un operativo como este en Hidalgo.
No teníamos donde ponerlos. Conseguimos un frigorífico, cuesta mucho dinero, resguardado día y noche en instalaciones de la procuraduría”, indica el fiscal.
Luego, la identificación en las instalaciones de la procuraduría, y lo último, “lo más difícil”: la entrega.
Para el proceso de entrega, se armó un operativo, con horarios, en coches especiales se envió personal a las casas de los familiares de las víctimas; a los choferes se les capacitó para saber cómo debían ir vestidos, incluso se les dijo qué palabras podían decir a los deudos.
Una vez que las familias llegaban a la Procuraduría, había algunas que se negaban a ver los restos, sólo los recibían y ya. Pero otras sí cuestionaban cómo se tenía la certeza de que fuera su familiar, “Y enséñales. Es lo que encontramos, quiere ver las fotos o los restos y algunos decían no quiero verlo, nada más explíquenme cómo saben qué es él. Por esto: los protocolos, células, análisis”, señala Arroyo González.
Otros pedían ver las fotos y ver los restos, para ello era necesario el uso de mascarillas especiales porque existía un riesgo de contaminación, se le explicaba que no podía verlo de frente, sino a través de un cristal y tampoco podría manipular los restos.
La tragedia de Tlahuelilpan sirvió para la implementación del Panteón Forense, lugar en donde reposarán los cuerpos o restos de personas no identificadas y para la creación de un protocolo de actuación, concluye el procurador.
Finalmente apunta “fue inédito, en número, en condiciones, en la magnitud, pero eso sirvió”.
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