A rango constitucional, el derecho a tener luz

La electricidad acorta las desigualdades, promueve el mejoramiento educativo y fortalece la inclusión

Laura Elizabeth Trejo

  · sábado 19 de febrero de 2022

La propuesta se presentó en San Lázaro. / Cortesía: PRI

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano Austria, presentó una iniciativa para reconocer constitucionalmente, como un derecho de todas las personas, el acceso suficiente, oportuno y continuo a la electricidad.

Asimismo, expuso que la energía eléctrica representa un papel prioritario en México, que acorta las desigualdades, promueve el mejoramiento educativo, fortalece la inclusión en el acceso de servicios básicos e incentiva el desarrollo económico.

Por lo anterior, planteó incluir un párrafo séptimo en el artículo 4 de la Constitución General, para que el Estado garantice las condiciones para el servicio a través de una tarifa social justa, o bien de medidas de autogeneración y autoabasto individual o comunitario.

Subrayó que, como elemento indispensable para la prosperidad, resulta inminente no considerarlo como un derecho irrenunciable. Viggiano Austria puntualizó que garantizar el acceso al suministro eléctrico constituye la oportunidad para lograr una transición energética, en la que, anotó, sean observables estándares como la reducción de energía primaria de recursos contaminantes y privilegiar fuentes de energía limpias, como la solar o eólica.

Tras recordar que, en México, hay dos millones de personas que no tienen acceso al servicio, mencionó que el país tiene compromisos internacionales, de aquí al 2030, para aumentar la proporción renovable, duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética, así como ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios en la materia, modernos y sostenibles.

Asimismo, sostuvo que México tiene la posibilidad de hacer historia en beneficio de su nación, en virtud que posee marcos jurídicos a la altura de los compromisos, para decretar que el suministro de la energía eléctrica podría considerarse como un derecho humano.