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Investigará ASF otro convenio en Hidalgo

  • Julio Hernández
  • en Local

Tulancingo, Hidalgo.-  La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) dio vista a la Secretaría de la Función Pública por un probable mal uso de recursos públicos de la Universidad Tecnológica de Tulancingo por un monto de 93 millones 532 mil 592.42 pesos, producto de un contrato que realizó con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), similar a los realizados entre Sedatu y la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFI), así como Sedesol y Radio y Televisión de Hidalgo (RyTH).
El auditor superior Armando Roldán Pimentel precisó que el convenio fue signado entre el ISSSTE y esa universidad, siendo esta última la que subcontrató con terceros particulares los servicios que entregaría a la dependencia federal, por lo que se encuentra en inicio de investigación por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El funcionario explicó que esa cantidad de 93.5 millones corresponde a transferencias realizadas del ISSSTE a la Universidad tecnológica de Tulancingo en 2015 y 2016.
El auditor superior de Hidalgo indicó que en el informe correspondiente, que forma parte del que entregó ayer a diputados locales integrantes de la Comisión Inspectora de la ASEH, precisan más datos al respecto:
Derivado de un contrato abierto plurianual de prestación de servicios, formalizado entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Universidad Tecnológica de Tulancingo, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, mediante oficio número ASEH/DAS/DGASP/0037/2018 de fecha 15 de enero de 2018, solicitó al encargado del despacho de la Auditoría Superior de la Federación su intervención para que, en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 17 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, tenga a bien investigar y fiscalizar la aplicación de los recursos federales que resultaron del instrumento jurídico en cita, razón por la cual se remitió el expediente con la documentación que sustenta las irregularidades detectadas.
“Asimismo, mediante oficio número ASEH/DAS/DGASP/0038/2018 de misma fecha antes señalada, se solicitó la intervención de la Secretaria de la Función Pública para que, en uso de las facultades conferidas en el artículo 7 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, tenga a bien revisar el expediente remitido con la documentación que sustenta las irregularidades detectadas y, de ser procedente, aplique las sanciones que en derecho proceda”, precisa el informe de la cuenta pública 2016.
En cuanto a la investigación de un convenio similar entre Sedesol y Radio y Televisión de Hidalgo que implicó 601 millones de pesos, caso que ya es del dominio público, Roldán Pimentel refirió que toda la información salió de la ASEH, la que, por no tener facultades para auditar recursos federales, remitió a su par federal y al Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Finalmente, respecto al caso del convenio en el que la Sedatu entregó 186 millones de pesos a la UPFI, Roldán Pimentel recordó que fue una revisión directa de parte de la ASF en la que la ASEH no tuvo injerencia.

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