El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) avanzaron en las modificaciones a la iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2020 y la Miscelánea Fiscal, además de la reforma al Código Fiscal Federal que tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada.
En un comunicado el CCE informó que se han reunido con los diversos actores que tienen a su cargo el diseño y análisis de las iniciativas de reforma.
“Se han realizado propuestas concretas para poder mitigar los efectos negativos que podría generar la implementación de la reforma”, explica el comunicado.
“Estas reuniones han sido muy productivas y hemos encontrado la sensibilidad de los servidores públicos a las problemáticas planteadas”, agrega el documento.
Sin embargo el organismo cúpula señaló que existe un punto en donde aún no se ha logrado generar consensos, es el relativo a la reforma propuesta desde el Senado de la República, para sancionar con prisión preventiva oficiosa y hacer aplicable el régimen de delincuencia organizada (incluyendo extinción de dominio) a la defraudación fiscal y su equiparada.
“No coincidimos en que para lograrlo se tenga que hacer aplicable este régimen de excepción a cualquier contribuyente que esté acusado de defraudación fiscal o su equiparada, máxime cuando el proceso penal lo enfrentará en prisión (aun cuando no hubiera sido declarado culpable) y se le podrán asegurar sus bienes o el control de su empresa (delincuencia organizada)”, dice el CCE.
Arturo Herrera explica los cambios
En conferencia conjunta, Arturo Herrera titular de la SHCP y Carlos Salazar Lomelín presidente del CCE, el funcionario explicó que la modificación al Código Fiscal para tipificar la defraudación fiscal como delincuencia organizada se limita a las empresas factureras que reporten ingresos por 30 millones de pesos anuales, lo que equivale a casi 10 millones anuales en impuestos y no a las compañías que tienen actividades empresariales
Herrera dijo que la dependencia no perseguirá a las empresas que demuestran que tienen actividades económicas ni a las que tengan ingresos anuales menores a 30 millones de pesos.
"Si hay una empresa establecida correctamente, una panadería que vende conchas y por alguna razón usa una factura falsa, no es una empresa facturera, porque esa sí esta vendiendo conchas. Está cometiendo una irregularidad, pero no cae dentro de los supuestos de delincuencia organizada", detalló el funcionario.
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