ACERVO
Desde el 21 de marzo de 2020, justo al inicio de la pandemia sanitaria originada por el COVID-19, el Gobierno de los Estados Unidos para ese momento encabezado aún por Donald Trump limitó el tránsito terrestre con México. Esta determinación de gobierno fue encaminada a ser una más de las estrategias de contención en la propagación del coronavirus.
Es así como durante 16 meses hasta el día de hoy y ya bajo el mandato presidencial norteamericano de Joe Biden iniciado en enero de este año, es que se ha mantenida cerrada la frontera común con nuestro país, misma que supera los 3,000 km, para todo tránsito terrestre clasificado como no esencial, (turistas y visitantes eventuales), siendo posible únicamente la movilización de mercancías y el cruce de trabajadores o estudiantes.
A lo largo de este tiempo han existido trabajos bilaterales de ambos gobiernos tendientes a establecer los mecanismos de coordinación que posibiliten el retorno a la normalidad por cuanto a los cruces carreteros se refiere. Estos cruces que históricamente han sido parte central de la cercanísima relación de entendimiento entre los dos países hoy experimentan una reconfiguración en sus procesos logísticos que van ligados directamente a las condiciones epidemiológicas de las regiones y sociedades objeto de tales determinaciones. Para estas rondas entre administraciones públicas se han sumado activamente diversas organizaciones empresariales, cámaras patronales, sindicatos y demás entidades de la iniciativa privada que buscan imperiosamente la confirmación por parte de sus autoridades para continuar con sus diversas cadenas productivas.
Al margen de los cruces aéreos y también los marítimos, mismos que se encuentran operando a diario también bajo nuevas reglas de operación por el COVID-19 aunque sin interrupciones, muchos negocios, actividades de mercadeo, acuerdos de entendimiento y operaciones comerciales siguen teniendo como eje central la reapertura de la frontera terrestre para nuevamente dotar de normalidad a sus operaciones rutinariamente efectuadas entre ambos territorios.
De entre las diversas acciones gubernamentales adoptadas por las dos naciones dadas y difundidas entre la opinión pública, destacan los esfuerzos de inmunización acelerada en toda la población residente de la frontera tanto estadounidense como mexicana buscando así un beneficio común que salvaguarde en primera instancia la integridad de millones de mujeres y hombres pero preservando también los diversos índices socioeconómicos de los 10 estados vecinos entre Estados Unidos y México, como lo son California, Arizona, Nuevo México, Texas, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California. En ese orden de ideas, no debe de dejar de señalarse la donación por parte de la administración Biden al gobierno mexicano de vacunas contra el COVID-19 fabricadas por la farmacéutica Johnson & Johnson.
Sin embargo, ayer miércoles desde la Casa Blanca se ratificó la decisión de los Estados Unidos para mantener el cierre fronterizo con México por lo menos hasta el 21 de agosto próximo, la cual va aparejada directamente al incremento de contagios de coronavirus con la cepa “Delta”.
Esta nueva circunstancia de complejidad sanitaria reviste una importancia particularmente definitoria frente al futuro inmediato del estatus en los cruces migratorios entre los Estados Unidos y México. Así, deberá surgir impostergablemente eficiencia intergubernamental a través de las diversas áreas de sus administraciones para responder a los retos que por sí solo representa el comercio y el flujo de personas entre estos dos países.
