“Pueblo” es ocupado en casi todos los discursos de candidatos, políticos, funcionarios públicos, se idealiza como la base de nuestro régimen (como ya hemos comentado en este espacio, teóricamente lo es) pero poco se había hecho para materializar ese supremo poder de los ciudadanos en mayores mecanismos para garantizar la rendición de cuentas de sus representantes y su participación en la toma de decisiones públicas, más allá de los procesos electorales.
La rendición de cuentas es la obligación fundamental que tenemos todos los servidores públicos porque mantiene la gobernabilidad democrática, este principio impulsó las revoluciones que derrocaron al antiguo régimen mundial basado en el absolutismo de los monarcas. Informar, justificar y responsabilizarnos públicamente de nuestros actos a través de medios accesibles y transparentes fortalece la confianza social en las Instituciones públicas.
El gran reto que tenemos los legisladores radica en la disminución de la credibilidad pública en los parlamentos y en general, en las instituciones democráticas, no solo en México, sino en diferentes países, aún con democracias consolidadas. Este desafío global ha sido abordado por parlamentarios de diversas regiones del mundo y particularmente en nuestro hemisferio se han propuesto alternativas de solución a través de ParlAmericas, una red compuesta por 35 legislaturas nacionales de todo el continente cuyo objetivo es mejorar y reforzar los procesos democráticos en las Américas.
La Declaración de Santiago de 2012 sobre transparencia e integridad en los parlamentos y partidos políticos es un paso impulsado por ParlAmericas para promover la transparencia, la accesibilidad y la integridad parlamentaria. Este esfuerzo vino a reforzar una plataforma internacional constituida en 2011 cuyo papel sería cada vez más relevante al paso de los años: la Alianza para el Gobierno Abierto, cuya Declaración de Gobierno Abierto ha sido suscrita por nuestro país y a la que debemos en buena medida el concepto de “parlamento abierto”.
Un parlamento abierto promueve la rendición de cuentas, el derecho a la información, tanto parlamentaria como presupuestal y administrativa, así como la participación ciudadana en la toma de decisiones. En la Comisión de Justicia del Senado, hemos asumido este compromiso, para materializar los objetivos de ambas declaraciones, es decir, empoderar a los ciudadanos aprovechando la tecnología para lograr que la función legislativa sea más eficaz y responsable.
Lo hicimos durante el proceso de construcción de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, escuchando y creando en conjunto con la sociedad civil organizada y la Academia este marco normativo que refundó a una de las instituciones más importantes de la nación; también cuando diseñamos un sistema informático inédito que permitió transparentar en tiempo real todas las etapas del proceso que concluyó con el nombramiento del primer Fiscal General de la República; lo estamos haciendo con los cafés temáticos: “rumbo a la regulación del cannabis” cuya metodología, recién estrenada en el Congreso, tiene como objetivo la creación de redes vivas de trabajo colaborativo con la sociedad para generar un modelo regulatorio eficaz.
Como ciudadano, legislador y abogado los invito a involucrarse en el trabajo parlamentario, vigilando y participando a través de los mecanismos que hemos inaugurado en el Senado, todos juntos, uniendo esfuerzos por México y por nuestra democracia.