Hace algunos años podíamos ver que la gran mayoría de las familias tenían roles muy específicos, lo cual permitía que las tareas laborales externas y del hogar pudieran dividirse de forma muy clara. Incluso, como estereotipo, veíamos que el padre de familia era el encargado de salir a trabajar, mientras que la madre sacrificaba su desarrollo profesional – muchas de esas veces de forma consciente – para dedicarse al cuidado del hogar y a la crianza de las y los hijos. Hoy esa realidad ha cambiado por la diferencia del entorno económico y, además, porque el desarrollo femenino pugna por prepararse académica y profesionalmente para insertarse de lleno al marco laboral.
Ante esta nueva composición social, el Estado tiene que velar por el bienestar de todas y todos los involucrados, es decir, empoderar a las mujeres otorgándoles más y mejores oportunidades en escuelas y en trabajos, impulsando las nuevas masculinidades que asuman su rol como parte de la crianza y las labores domésticas, además de proteger a las infancias para que en esta nueva conformación tengan una vida segura y completa en todos los ámbitos.
La doctrina de los derechos humanos a nivel internacional establece que los derechos deben ser progresivos, ello significa que los beneficios y garantías ya adquiridas no deben quitarse porque, con ello, se vulnera el crecimiento de las sociedades. Cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, pensar en eliminar esos gananciales no sólo es un error, sino que se convierte en un colapso respecto de cómo viven las familias.
En México, así como las Estancias Infantiles, la implementación de las Escuelas de Tiempo Completo, coadyuvaban con las familias a que sus hijos tuvieran educación de calidad, alimentos y posibilidad de convivencia en un entorno controlado ante la necesidad de ambos padres o de familias uniparentales de salir a obtener los recursos para subsistir.
El Estado, asumiendo su función de facilitador para el bienestar, había encontrado un programa educativo que beneficiaba a más de 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes con la característica de que más del 60 por ciento de ellos tenía la posibilidad de consumir alimentos en su estancia en la escuela, alimento que por cierto era el único sólido para muchos de los estudiantes que estaban inscritos en esa modalidad.
No se trata de una polémica política estéril o de querer confrontar a una administración, sino de un llamado urgente a la reflexión y al análisis del impacto que tenían las escuelas de tiempo completo no en unos cuantos niños, sino en familias enteras que veían en ellas una herramienta para irse tranquilos a ganarse un salario en medio de una crisis económica y una inflación como hace mucho no sufríamos.
Los recortes al gasto deben estar en cualquier otro lado, sin embargo, cuando se trata de niñez y de mujeres debemos tener muy claro el impacto que generamos en la vida de seres humanos que buscan nuevas y mejores oportunidades en un mundo que se ha vuelto hostil, además de que esas escuelas como otros programas no es una dádiva del gobierno en turno, sino la consecuencia de años de lucha para un bienestar que hoy se está cortando de tajo. Por ello, invitamos a las y los involucrados en esta decisión para contar con alternativas que permitan el regreso de estas escuelas en beneficio de las y los niños de México.
