Hubo un tiempo, en la antigua Grecia, en el que las decisiones se tomaban por la vía democrática en el entendido que en esos derechos democráticos tanto las mujeres como los esclavos no eran consideradas personas dignas de ser consideradas como tales y, por lo tanto, no tenían acceso a votar sobre las decisiones que se tomaban en el ágora. La densidad demográfica, junto con los procesos más rápidos y la globalización generó que los procesos democráticos se delegarán a través de representantes populares. La lógica, tanto en la Atenas antigua, como en el mundo actual, es recabar las voces de todas las personas de tal manera que exista una representación real de todos los sectores involucrados en un tema.
Cuando retomamos el tema de la Reforma constitucional en materia energética desechada el domingo pasado al no alcanzar mayoría calificada, así como de las reformas a la Ley Minera que fueron aprobadas por mayoría simple con la abstención de la coalición Va por México, haríamos mal en verlo desde una perspectiva de revanchismo político y caer en descalificaciones ya que en términos sociales, cualquier visión de país es válida y debe ser debatida.
El tema en ambas reformas es de fondo y no sólo de forma tajante sino con matices que se componen de elementos que pueden ser aceptados o rechazados. El problema es que el debate en una materia tan importante como la energética se ha zanjado de una manera en que no se escucha y se censura a quienes forman parte de la oposición, cuando, en realidad, representan a un sector muy importante de la población que no piensa como quienes actualmente gobiernan.
Justamente la necesidad de mayorías calificadas para reformas constitucionales tiene la perspectiva de generar consensos, acuerdos, debates, puntos medios y, sobre todo, de construir mejores leyes para un país que aún con su grandeza y riqueza, no es capaz de tener un desarrollo que se refleje en mejoras de vida para sus habitantes.
Lo sucedido el domingo pasado tiene que ver con una previsión basada en el beneficio para quienes menos tienen y para, como se ha dicho oficialmente, combatir la corrupción. La competitividad es un bien de la economía global que, de funcionar adecuadamente con la reglamentación suficiente impactará en los bolsillos de quienes nos eligió para legislar. En ese sentido, dejar pasar una reforma que le daba todo el poder a un solo hombre, que promovía el estancamiento de una empresa del Estado, que violentaba el derecho a un medio ambiente sano y que ponía en riesgo los costos de la energía eléctrica, sería catastrófico más allá de cualquier postura meramente política.
Por otro lado, la reforma a la Ley Minera no tiene que ver con un descontento en el fondo, sino con un grito desesperado de quienes queremos debatir, queremos documentarnos, queremos revisar dictámenes técnicos y tomar la mejor decisión para poner en manos de quien más produzca y que otorgue garantías de beneficio para el pueblo de México sea quien sea, ya sea públicos o privados, pero siempre que tengan la capacidad operativa para obtener beneficios generales sin permitir el saqueo o el beneficio particular por encima del general.
Los parlamentos son para debatir hasta el cansancio y para construir acuerdos, porque quien no crea en ello no puede estar en un recinto legislativos. Se trata de colisión de visiones pero con sentido de resultados para que, al momento de rendir cuentas al pueblo de México, podamos dejar satisfechos a quienes nos entregaron su confianza. No se trata de derrotas o victorias de partidos, sino de un golpe sobre la mesa para refrendar la división de poderes y el compromiso democrático que, al jurar la Constitución, tenemos todas y todos los servidores públicos.
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