Romina es una luchadora social en su entorno de amigas; tiene muy buena relación con sus compañeros de la escuela; acudió a una fiesta con varias amigas de su escuela; llegó a la fiesta a las 11 de la noche; decidió vestirse con una falda pequeña y un top; tomó tres cervezas ese día; tuvo diferencias con sus amigas en la fiesta porque no quiso beber más; salió de la fiesta a las 4 de la mañana; tomo un transporte de aplicación para regresar a su casa. Romina jamás llegó a su casa y fue encontrada muerta 20 días después con signos de violencia física y sexual en un lote baldío a 8 kilómetros de su casa y del lugar de la fiesta. Ninguna de las razones primeramente enunciadas, como ninguna otra, es motivo para que una mujer como Romina haya perdido la vida.
Tratándose de datos, tenemos un aumento sostenido de casos de feminicidio en nuestro país, pasando de 973 en 2019, 978 en 2020 a 1,004 en 2021, además de tener un 2022 descontrolado en cuanto a número de mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujer. Pero si hablamos de personas, de seres humanos, tenemos familias destrozadas, sueños destruidos, miedo rampante e inseguridad para cualquier mujer que viva en cualquier lugar de este país.
Dadas estas circunstancias, se creó una Comisión Especial encargada de dar seguimiento a los casos de feminicidio de niñas y adolescentes, de la que formo parte como Secretaria y que tuvimos la oportunidad de presentar el Programa de Trabajo la semana pasada. En el Plan de Trabajo, más que abonar a la revisión ajena de los problemas, estamos apostando por un elemento fundamental: la unidad.
Esa unidad que permita que todas las fuerzas políticas apoyemos en la generación de un marco jurídico más eficiente en el que se incluyan a las legislaturas locales; se confeccionen protocolos que ponderen la seguridad de las mujeres en cualquier momento y ante cualquier llamado; y, sobre todo, incluir a la sociedad civil a través de especialistas en la materia y asociaciones de mujeres que han vivido en carne propia esos instantes de angustia y dolor, para reconstruir un entramado que no podemos dejar que se destruya por completo.
Más allá de cualquier intención de repartir culpas, la situación debe estar alejada de cualquier aspecto político o partidista, ya que lo que involucra esta situación son vidas y son una violencia que a pesar de los enormes esfuerzos, unidad, protocolos y acciones afirmativas, no hemos podido erradicar más que de manera marginal.
Son precisamente esas acciones los que nos deben orillar a repensar las estrategias y entender que, además de las acciones reactivas, necesitamos un proceso de prevención que ataque la raíz del problema que no es otra cosa que un proceso social en el que todas y todos los mexicanos debemos involucrarnos para evitar que cualquier acto, por pequeño que este sea, se dirija a alimentar el odio, la discriminación y el fomento a la desigualdad que nos pone en grave riesgo a las mujeres día con día.
Atacar el problema con la educación es recomponer a una sociedad que, independientemente de las políticas públicas aplicadas y el desdén de algunos servidores públicos para con el tema, necesita cambiar de manera urgente y darse cuenta que casos como los que diariamente consultamos en los noticiarios, ni se deben permitir y mucho menos normalizar, de tal manera que nuestras hijas, madres, hermanas, compañeras y amigas vuelvan a transitar sin miedo en un México que se ha convertido en un territorio riesgoso.
No es momento para confrontar, sino para reflexionar y entender que en ello se va la vida de cientos de mujeres en un país que necesita valores y responsabilidad para afrontar la confianza que el pueblo de México ha otorgado para tener un lugar más seguro y digno para vivir con plenitud.
