Dice la Organización Mundial de la Salud: “El derecho a la salud significa que todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud que necesita, cuando y donde los necesite, sin tener que hacer frente a dificultades financieras”. Se ha consagrado como un derecho humano que se encuentra garantizado por acuerdos internacionales y la máxima ley en México, la Constitución Política en su artículo 4to, por ello es una de las grandes responsabilidades del Gobierno, pero además año tras año se le asigna un generoso presupuesto; haré una comparativa: Según cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación disponibles en línea en el Ejercicio Fiscal 2018, específicamente el gasto en el Ramo Administrativo de Salud se le asignaron 122,557'337,320 pesos, mientras que para el ejercicio fiscal 2019 el gasto programable del ramo fue de 124,266'865,116 pesos. Para las entidades sujetas a control presupuestario directo en el año 2018 como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE, el recurso fue de 282,632'561,843 pesos y para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 679,284'281,924 pesos. Para el ejercicio 2019 el ISSSTE tiene contemplado 323,322'195,097 pesos y para el IMSS 746,738'895,682, lo cual significó un leve aumento. Entonces si el presupuesto aprobado por el Congreso aumentó ¿por qué se afirmó que hubo recortes importantes a la salud según los propios afectados? El problema radicó en la retención momentánea del recurso por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP. Afortunadamente el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, aseguró que ya fueron liberados los dos mil 464 millones pesos que la SHCP retuvo a 26 institutos y hospitales de alta especialidad, luego de que el jueves pasado once directores de los institutos se reunieron en privado con el presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena. La justificación del Gobierno a tal acto fue el combate a la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que quienes robaban el dinero de medicinas “ahora están oponiéndose a todo lo que hacemos, no voy a dar ni un paso atrás, ni para tomar vuelo”. De igual manera insistió en que se han ahorrado mil millones de pesos y ya no se permitirá el huachicol en el sector médico, dio el ejemplo de que una sola empresa llegó a ganar hasta 2 mil millones de dólares por la venta de fármacos. La Oficial Mayor de la SHCP, Raquel Buenrostro, informó que está garantizado el abasto de medicinas, además otra política fue hacer convenios con las entidades federativas para realizar compras consolidadas. La estrategia parece emular al combate contra el robo de hidrocarburos que provocó desabasto, pero ahora en el plano de salud, muchas fueron las voces que se alzaron para demandar el peligro inminente en corto plazo de la falta de medicinas y el pago pendiente a los médicos residentes. Nuevamente el objetivo de transparentar la compra de medicamentos y ahorrar como parte de la austeridades positivo, pero la estrategia no.
Dice la Organización Mundial de la Salud: “El derecho a la salud significa que todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud que necesita, cuando y donde los necesite, sin tener que hacer frente a dificultades financieras”. Se ha consagrado como un derecho humano que se encuentra garantizado por acuerdos internacionales y la máxima ley en México, la Constitución Política en su artículo 4to, por ello es una de las grandes responsabilidades del Gobierno, pero además año tras año se le asigna un generoso presupuesto; haré una comparativa: Según cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación disponibles en línea en el Ejercicio Fiscal 2018, específicamente el gasto en el Ramo Administrativo de Salud se le asignaron 122,557'337,320 pesos, mientras que para el ejercicio fiscal 2019 el gasto programable del ramo fue de 124,266'865,116 pesos. Para las entidades sujetas a control presupuestario directo en el año 2018 como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE, el recurso fue de 282,632'561,843 pesos y para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 679,284'281,924 pesos. Para el ejercicio 2019 el ISSSTE tiene contemplado 323,322'195,097 pesos y para el IMSS 746,738'895,682, lo cual significó un leve aumento. Entonces si el presupuesto aprobado por el Congreso aumentó ¿por qué se afirmó que hubo recortes importantes a la salud según los propios afectados? El problema radicó en la retención momentánea del recurso por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP. Afortunadamente el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, aseguró que ya fueron liberados los dos mil 464 millones pesos que la SHCP retuvo a 26 institutos y hospitales de alta especialidad, luego de que el jueves pasado once directores de los institutos se reunieron en privado con el presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena. La justificación del Gobierno a tal acto fue el combate a la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que quienes robaban el dinero de medicinas “ahora están oponiéndose a todo lo que hacemos, no voy a dar ni un paso atrás, ni para tomar vuelo”. De igual manera insistió en que se han ahorrado mil millones de pesos y ya no se permitirá el huachicol en el sector médico, dio el ejemplo de que una sola empresa llegó a ganar hasta 2 mil millones de dólares por la venta de fármacos. La Oficial Mayor de la SHCP, Raquel Buenrostro, informó que está garantizado el abasto de medicinas, además otra política fue hacer convenios con las entidades federativas para realizar compras consolidadas. La estrategia parece emular al combate contra el robo de hidrocarburos que provocó desabasto, pero ahora en el plano de salud, muchas fueron las voces que se alzaron para demandar el peligro inminente en corto plazo de la falta de medicinas y el pago pendiente a los médicos residentes. Nuevamente el objetivo de transparentar la compra de medicamentos y ahorrar como parte de la austeridades positivo, pero la estrategia no.
