/ miércoles 14 de octubre de 2020

La rendición de cuentas no es negociable

Formar parte del Poder Legislativo es un privilegio. No es una oportunidad para escalar a otros puestos, no es una coraza para evitar afrontar la justicia, no es un vehículo de protección a otros servidores públicos y no es una oportunidad para ser una comparsa. Nos debemos al pueblo en todo momento, por lo que nuestra actuación, además de legal, debe ser ética; debe ser puntual y, al mismo tiempo, con la mira puesta a todas las acciones que lleven a cabo los otros dos poderes para señalar lo mal hecho, aplaudir lo bien logrado y colaborar en cada paso que pueda resultar complejo. Las comparecencias de Funcionarios Públicos de alto nivel no son caprichos de una u otra fuerza política, sino que es una exigencia ciudadana que, en tiempos como los que vivimos de transparencia y rendición de cuentas, se vuelven fundamentales para analizar cuáles serán los próximos pasos a dar y, al mismo tiempo, evaluar los resultados.

Hace un par de días tuvimos la comparecencia más polémica y cuestionada de un servidor público, por lo menos, en lo que va de la administración actual. Ello tuvo efectos no sólo para el tema que se trataba sino que también llevó a evaluar otras comparecencias que se tenían agendadas y que se pretenden limitar debido a los funestos resultados de esta última.

Por el tema y por el servidor público de quien se trató se convirtió en una lucha de poderes que, ojalá, haya servido al pueblo de México para profundizar en el análisis del manejo de la pandemia por COVID19. Por un lado, tenemos muy claro que existen numerosas deficiencias en la atención de la pandemia al interior de nuestro país: cifras poco certeras, acciones tardías, recomendaciones inadecuadas, protagonismo, falta de empatía, etcétera. Ese tipo de cosas son las que debe señalar el Legislativo con respeto, pero con la energía suficiente que logre respuestas inmediatas y trabajo colaborativo conjunto.

No abona en nada el creer que formamos parte de equipos rivales y que los señalamientos de unos son acusaciones huecas para otros. El funcionario público vive para servir, es su objetivo principal, por lo que descalificar, no asumir la responsabilidad y buscar excusas no permitirá que se evite un mayor número de muertes. El ejercicio del estadista es informar lo acontecido y plantear el futuro con elementos reales. Lamentablemente no todos están hechos para eso. Frenar las comparecencias de otros servidores públicos por lo accidentado de una de ellas que, además, no difiere de aquellas en donde los que hoy son gobierno eran oposición, es un error enorme, ya que a quien más se afecta es a las y los ciudadanos mexicanos ávidos de información. No se trata de cazar brujas sino de hacer crítica objetiva que permita llevar a una mejor toma de decisiones. Pretender establecer códigos de comportamiento en una soberanía es antinatural y repleto de desmemoria histórica, ya que justo esa apertura para la oposición es lo que hoy nos ha permitido tener una vida democrática sana.

Formar parte del Poder Legislativo es un privilegio. No es una oportunidad para escalar a otros puestos, no es una coraza para evitar afrontar la justicia, no es un vehículo de protección a otros servidores públicos y no es una oportunidad para ser una comparsa. Nos debemos al pueblo en todo momento, por lo que nuestra actuación, además de legal, debe ser ética; debe ser puntual y, al mismo tiempo, con la mira puesta a todas las acciones que lleven a cabo los otros dos poderes para señalar lo mal hecho, aplaudir lo bien logrado y colaborar en cada paso que pueda resultar complejo. Las comparecencias de Funcionarios Públicos de alto nivel no son caprichos de una u otra fuerza política, sino que es una exigencia ciudadana que, en tiempos como los que vivimos de transparencia y rendición de cuentas, se vuelven fundamentales para analizar cuáles serán los próximos pasos a dar y, al mismo tiempo, evaluar los resultados.

Hace un par de días tuvimos la comparecencia más polémica y cuestionada de un servidor público, por lo menos, en lo que va de la administración actual. Ello tuvo efectos no sólo para el tema que se trataba sino que también llevó a evaluar otras comparecencias que se tenían agendadas y que se pretenden limitar debido a los funestos resultados de esta última.

Por el tema y por el servidor público de quien se trató se convirtió en una lucha de poderes que, ojalá, haya servido al pueblo de México para profundizar en el análisis del manejo de la pandemia por COVID19. Por un lado, tenemos muy claro que existen numerosas deficiencias en la atención de la pandemia al interior de nuestro país: cifras poco certeras, acciones tardías, recomendaciones inadecuadas, protagonismo, falta de empatía, etcétera. Ese tipo de cosas son las que debe señalar el Legislativo con respeto, pero con la energía suficiente que logre respuestas inmediatas y trabajo colaborativo conjunto.

No abona en nada el creer que formamos parte de equipos rivales y que los señalamientos de unos son acusaciones huecas para otros. El funcionario público vive para servir, es su objetivo principal, por lo que descalificar, no asumir la responsabilidad y buscar excusas no permitirá que se evite un mayor número de muertes. El ejercicio del estadista es informar lo acontecido y plantear el futuro con elementos reales. Lamentablemente no todos están hechos para eso. Frenar las comparecencias de otros servidores públicos por lo accidentado de una de ellas que, además, no difiere de aquellas en donde los que hoy son gobierno eran oposición, es un error enorme, ya que a quien más se afecta es a las y los ciudadanos mexicanos ávidos de información. No se trata de cazar brujas sino de hacer crítica objetiva que permita llevar a una mejor toma de decisiones. Pretender establecer códigos de comportamiento en una soberanía es antinatural y repleto de desmemoria histórica, ya que justo esa apertura para la oposición es lo que hoy nos ha permitido tener una vida democrática sana.

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