Después de mucho tiempo de solicitarlo, de diversas reuniones canceladas con diferentes pretextos, al fin, el pasado 19 de junio, las autoridades de la Secretaría del Bienestar dieron la cara a los Senadores de la República que formamos parte de la Subcomisión de Estancias Infantiles, creada ex profeso para dar seguimiento a un tema de relevancia nacional y de beneficio para quienes más los necesitan.
En los últimos años, el mundo ha tenido claro en todas sus instancias que resulta prioritario proteger a las niñas, los niños y adolescentes, bajo el claro argumento de ser ellas y ellos quienes formarán parte de la estructura social de un entramado que ha sido fuertemente lastimado con diferentes formas de violencia. Proteger a los menores implica mayores oportunidades de desarrollo y la posible consecución de la igualdad que tanto necesitamos.
México ha llevado a cabo diversas acciones tanto legislativas como en políticas públicas, tendientes a proteger y fomentar el desarrollo de nuestras niñas y nuestros niños. El Programa de Estancias Infantiles fue una de esas acciones que, además de coadyuvar con las madres y padres trabajadores, buscaba cumplir con su obligación como Estado de proveer servicios de atención y cuidado infantil.
La intención de quienes queremos que se mantengan las Estancias Infantiles no es otra más que construir, por lo que las declaraciones vertidas por la Subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, no son más que un espacio de confrontación para justificar una decisión errónea, arrebatada y sin fundamento.
Hoy, a diferencia de los que opina la Subsecretaria y la propia Secretaria del Bienestar, los jueces a nivel federal en muchos estados nos están dando la razón respecto al atropello cometido al eliminar un programa exitoso que había brindado el apoyo a cientos de miles de madres trabajadoras y de sus hijos.
Bajo el escudo de cifras falsas o esperanzas de denuncias, se han aducido actos de corrupción en las estancias. El sustento de esos números no existe en ningún lado y, por el contrario, se ha demostrado que muchas de las supuestas personas “fantasma” ni siquiera han sido censadas.
Se dice que el censo comenzó en abril, sin embargo, las acusaciones de beneficiarios inexistentes comenzaron en febrero, entonces, ¿de dónde sacaron esas cifras en aquel momento? ¿fueron entonces solo ocurrencias y mentiras para justificar su atropello?
Y aún así, no han logrado acreditar plenamente esas inexistencias. Por otro lado, en más de seis meses en que empezaron las acusaciones de corrupción en el tema, apenas nos viene a decir la Subsecretaria que ya casi van a presentar las denuncias, lo cual demuestra una vez más su falta de capacidad, compromiso y de verdad, ya que, en realidad, no tienen nada en contra de servidores públicos.
Con esta reunión de trabajo se demostró no solo la falta de capacidad de los servidores públicos en muchas de las dependencias del Gobierno Federal, sino que, además, se recalcó que, con tal de hacer valer su voluntad, son capaces de inventar cifras, lanzar acusaciones y burlarse de la ciudadanía.
Solo les pedimos a las autoridades que tengan claro que este tipo de cosas no las pedimos desde una oposición infundada, sino que lo hacemos desde un compromiso adquirido y honrado en favor de las y los mexicanos.
