/ sábado 12 de octubre de 2019

La destrucción vía la guerra jurídica o Lawfare

Existe en la contienda política una nueva táctica de guerra no convencional que se conoce como Lawfare. Políticos de Brasil, Argentina —por mencionar dos— la han adoptado en los últimos años para derrotar adversarios y con el objetivo de encarcelarlos o por lo menos desprestigiarlos cruelmente. En la estrategia de esta guerra se hace un uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político, como ha sido el caso de Lula Da Silva. La estrategia combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de redes sociales o cierta prensa para presionar al acusado y su entorno. Pero, ¿qué significa Lawfare? El término describe “un modo de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”.

Para esto se requiere una justicia cómplice, medios de comunicación que trabajen con el objetivo de despedazar las expresiones y políticos, propalando generosamente los señalamientos y desprestigiando a los adversarios que se enfrentan a los intereses del gobernante. Y ha sido tan avasalladora la estrategia que muchos analistas ven como uno de los más claros ejemplos el fin que tuvo Alán García, que se suicidó, como consecuencia de esta guerra. La estrategia Lawfarenos dice que el Poder Judicial en varios países se ha convertido en los últimos años en un potente espacio desde donde se despliegan estrategias de desestabilización y persecución política. El Poder Judicial es el único que no deriva de la voluntad popular, sino de designaciones políticas, adjudicándoles privilegios que los demás poderes no tienen.

Ejemplo: pueden acusar, intervenir cuentas bancarias, señalar, inducir y adelantar culpas. Esto les permite operar políticamente bajo un manto de institucionalidad. El argumento permanente, invariable y sólido es acabar con la corrupción. Por otro lado, la suma y respaldo de los medios alineados en esta persecución de ánimo vengadortiene un título, se le llama ya: “Periodismo de guerra”. En resumen: Políticos que denuncian corrupción, medios alternativos que hacen eco, políticos y medios que exigen celeridad a la justicia, mecanismos del poder judicial que disciplinan o excluyen a los jueces independientes y magistrados que condenan sin pruebas y encarcelan sin el debido proceso, son el resultado de esta estrategia llamada Lawfare. Aquí, por fortuna, eso no está pasando…

Existe en la contienda política una nueva táctica de guerra no convencional que se conoce como Lawfare. Políticos de Brasil, Argentina —por mencionar dos— la han adoptado en los últimos años para derrotar adversarios y con el objetivo de encarcelarlos o por lo menos desprestigiarlos cruelmente. En la estrategia de esta guerra se hace un uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político, como ha sido el caso de Lula Da Silva. La estrategia combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de redes sociales o cierta prensa para presionar al acusado y su entorno. Pero, ¿qué significa Lawfare? El término describe “un modo de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”.

Para esto se requiere una justicia cómplice, medios de comunicación que trabajen con el objetivo de despedazar las expresiones y políticos, propalando generosamente los señalamientos y desprestigiando a los adversarios que se enfrentan a los intereses del gobernante. Y ha sido tan avasalladora la estrategia que muchos analistas ven como uno de los más claros ejemplos el fin que tuvo Alán García, que se suicidó, como consecuencia de esta guerra. La estrategia Lawfarenos dice que el Poder Judicial en varios países se ha convertido en los últimos años en un potente espacio desde donde se despliegan estrategias de desestabilización y persecución política. El Poder Judicial es el único que no deriva de la voluntad popular, sino de designaciones políticas, adjudicándoles privilegios que los demás poderes no tienen.

Ejemplo: pueden acusar, intervenir cuentas bancarias, señalar, inducir y adelantar culpas. Esto les permite operar políticamente bajo un manto de institucionalidad. El argumento permanente, invariable y sólido es acabar con la corrupción. Por otro lado, la suma y respaldo de los medios alineados en esta persecución de ánimo vengadortiene un título, se le llama ya: “Periodismo de guerra”. En resumen: Políticos que denuncian corrupción, medios alternativos que hacen eco, políticos y medios que exigen celeridad a la justicia, mecanismos del poder judicial que disciplinan o excluyen a los jueces independientes y magistrados que condenan sin pruebas y encarcelan sin el debido proceso, son el resultado de esta estrategia llamada Lawfare. Aquí, por fortuna, eso no está pasando…

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