Hace unos días una persona nos comentó que en México pocas veces se hace justicia. Por ello, aseguró que resulta muy caro lograr que se castigue a quienes violan las leyes, a quienes roban, secuestran, maltratan o matan.
Ese era el sentir de un ser humano nacido hace varias décadas en el estado de Hidalgo. Desde su punto de vista, es tiempo de que los jóvenes, nuestros jóvenes, se vayan del país a otras naciones donde se tenga una mejor calidad de vida y mayor seguridad pública. No importa quién gobierne, decía.
Sin duda es un sentimiento de impotencia que seguramente invade a muchas otras mexicanas y mexicanos diariamente.
Hace aproximadamente cuatro meses, poco antes de concluir el 2021, la organización Impunidad Cero presentó un informe en el cual se indica que en México el 99 por ciento de los delitos quedan en la impunidad.
Esto ya no es el sentimiento de una persona. No. Se trata del análisis de datos, de la revisión de nueve indicadores referentes a la estructura, operación y resultados de las fiscalías y procuradurías del país. Incluida la de Hidalgo.
¿Serán los ministerios públicos los más responsables de que los verdaderos delincuentes estén libres y que, como dicen, muchos inocentes estén presos por años sin que se les resuelva su situación jurídica? ¿Quizá la responsabilidad sea de los jueces? ¿Y qué decir de los policías, que son los primeros respondientes?
Seguramente en cada caso habrá un punto diferente en el que la búsqueda de la justicia se atora.
EL DINERO PÚBLICO SE GASTA SIN QUE HAYA RESULTADOS
En términos generales, podemos afirmar que existe mucha razón si se afirma que lograr justicia es muy caro.
Hay que sumar los recursos públicos presupuestados anualmente para procuradurías, fiscalías, juzgados y tribunales, entre otros entes inmersos en esta esfera de la vida.
Seguramente miles de millones de pesos distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional para que sólo en el uno por ciento de los casos haya una resolución final.
Y hay que decirlo, dentro de ese uno por ciento habrá decisiones que no necesariamente hacen justicia, ya que se resuelve en contra de la persona afectada.
Pero sobre todo, cuando los familiares de una víctima luchan para que se castigue a quien fuere el responsable deben gastar todo lo que tienen, y más, en abogados, en asistir a las audiencias, en transporte, en alimentos y a veces hasta en hospedaje, entre otras cosas.
Todo ello para que en el 99 por ciento de los casos prevalezca la impunidad.
Por eso es que en México hay muchas personas que en este momento en que usted nos favorece con la lectura del presente artículo, están buscando a un familiar desaparecido; están rastreando al o la presunta responsable ya que las autoridades no son capaces o no quieren localizarlos.
CAMPANAZO EN TULANCINGO
Hace unos días se dio a conocer que la presidencia municipal de Tulancingo canceló la donación de un terreno.
Una buena decisión, ya que con ello se deja un antecedente para que aquellas personas o instituciones que se ven beneficiados con una donación de ese tipo, realmente cumplan con lo ofrecido.
Y es que el objetivo de conceder un predio bajo dichas circunstancias es contribuir a mejorar la calidad de vida de los gobernados.
En el caso que nos ocupa, el terreno fue donado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que ahí se construyera un hospital que no sólo beneficiaría a los habitantes de Tulancingo, sino de otros municipios aledaños.
Pero el tiempo pasó y la institución no asignó presupuesto para ello.
