/ miércoles 7 de julio de 2021

Impuesto universal para bienestar mundial

En mi participación como integrante de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, tengo la oportunidad de realizar análisis profundos del comportamiento de las finanzas públicas. Observamos cómo se obtienen los ingresos a través de la recaudación de impuestos y vemos los rubros a los que se destinan el gasto de esos recursos, entendiendo que, dadas las necesidades un país tan grande como el nuestro, el dinero siempre hace falta en el entendido que los impuestos, entre otras cosas, tienen el objetivo de distribuir de mejor manera la riqueza.

Hace poco más de un mes se reunieron los Ministros de Finanzas de los países que conforman el G7, Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, con la intención de diseñar una política que evitara que las grandes empresas, sobretodo aquellas que prestan servicios digitales, paguen un monto justo de impuestos de acuerdo a los ingresos que obtienen.

Ese tema de la evasión fiscal se le han dedicados horas de estudio y cientos de análisis escritos que han propiciado cambios en las legislaciones locales, convenios entre países, directrices de organismos internacionales y demás políticas públicas que permitan que se pague lo justo, ni más ni menos.

Eso, además con la visión de que los países obtengan más recursos que les permitan implementarlos en favor de la población más pobre, de tal modo que ese tipo de acciones premeditadas de las empresas trasnacionales tienen hasta un cuestionamiento ético o moral. Esas corporaciones aprovechan estrategias fiscales que les permiten situarse fiscalmente en países donde la tasa del pago sobre sus rentas es inferior con relación a otros países.

En el seno de ese grupo se llegó a la conclusión de imponer un impuesto universal mínimo para esas empresas que sea del 15 por ciento – y es que en algunos países la tasa puede ser de apenas el 6 por ciento – independientemente del lugar donde sitúen su residencia fiscal y eso les permita a los Estados recaudar más y mejor, atendiendo al principio que tienen los impuestos como de progresividad y, lo más importante, que es dinero destinado al gasto público.

En próximos días, los jefes de Estado de esos países se reunirán para avalar esa propuesta y poder compartirla con el G20 para que, a su vez, estos lo planteen en instancias de coordinación internacional como la OCDE para que ese impuesto universal se convierta en una realidad en beneficio de la población mundial.

Lo relevante de este caso es que esta discusión ética se da justo en el centro de una de las crisis de salud más graves que ha vivido la población mundial, por lo que es relevante contar con recursos para combatir esas situaciones de la mejor manera posible.

Por lo anterior, es de pensarse que un impuesto de esa naturaleza ayudará a países como el nuestro a recaudar más y, entendiendo esa discusión, a veces incomprensible para muchas y muchos de nosotros por lo técnico del tema, es prioritario que, al menos en México, se tenga en mente que el producto de ese impuesto sea utilizado para la salud pública. No sólo para prevenir, sino para contar con suficiente infraestructura, insumos y medicamentos particularmente, a fin de otorgar estabilidad en lo que, ya aprendimos, es lo más preciado que podamos tener.

En mi participación como integrante de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, tengo la oportunidad de realizar análisis profundos del comportamiento de las finanzas públicas. Observamos cómo se obtienen los ingresos a través de la recaudación de impuestos y vemos los rubros a los que se destinan el gasto de esos recursos, entendiendo que, dadas las necesidades un país tan grande como el nuestro, el dinero siempre hace falta en el entendido que los impuestos, entre otras cosas, tienen el objetivo de distribuir de mejor manera la riqueza.

Hace poco más de un mes se reunieron los Ministros de Finanzas de los países que conforman el G7, Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, con la intención de diseñar una política que evitara que las grandes empresas, sobretodo aquellas que prestan servicios digitales, paguen un monto justo de impuestos de acuerdo a los ingresos que obtienen.

Ese tema de la evasión fiscal se le han dedicados horas de estudio y cientos de análisis escritos que han propiciado cambios en las legislaciones locales, convenios entre países, directrices de organismos internacionales y demás políticas públicas que permitan que se pague lo justo, ni más ni menos.

Eso, además con la visión de que los países obtengan más recursos que les permitan implementarlos en favor de la población más pobre, de tal modo que ese tipo de acciones premeditadas de las empresas trasnacionales tienen hasta un cuestionamiento ético o moral. Esas corporaciones aprovechan estrategias fiscales que les permiten situarse fiscalmente en países donde la tasa del pago sobre sus rentas es inferior con relación a otros países.

En el seno de ese grupo se llegó a la conclusión de imponer un impuesto universal mínimo para esas empresas que sea del 15 por ciento – y es que en algunos países la tasa puede ser de apenas el 6 por ciento – independientemente del lugar donde sitúen su residencia fiscal y eso les permita a los Estados recaudar más y mejor, atendiendo al principio que tienen los impuestos como de progresividad y, lo más importante, que es dinero destinado al gasto público.

En próximos días, los jefes de Estado de esos países se reunirán para avalar esa propuesta y poder compartirla con el G20 para que, a su vez, estos lo planteen en instancias de coordinación internacional como la OCDE para que ese impuesto universal se convierta en una realidad en beneficio de la población mundial.

Lo relevante de este caso es que esta discusión ética se da justo en el centro de una de las crisis de salud más graves que ha vivido la población mundial, por lo que es relevante contar con recursos para combatir esas situaciones de la mejor manera posible.

Por lo anterior, es de pensarse que un impuesto de esa naturaleza ayudará a países como el nuestro a recaudar más y, entendiendo esa discusión, a veces incomprensible para muchas y muchos de nosotros por lo técnico del tema, es prioritario que, al menos en México, se tenga en mente que el producto de ese impuesto sea utilizado para la salud pública. No sólo para prevenir, sino para contar con suficiente infraestructura, insumos y medicamentos particularmente, a fin de otorgar estabilidad en lo que, ya aprendimos, es lo más preciado que podamos tener.

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