/ jueves 9 de julio de 2020

Hacer leña de la empresa caída

Cierran sus puertas 7 de cada 10 compañías en el país en los primeros cinco años de vida, de acuerdo con el estudio Esperanza de vida de los negocios del (INEGI) pero esta cantidad va a subir inevitablemente derivado de la crisis del Covid-19.

Según el Egade Business School del Tecnológico de Monterrey en el análisis “Navegando por el cambio entre lo transitorio y lo perenne: tesoros en la obscuridad de la crisis 2020” de Jorge A. Martínez-González anuncia consecuencias de la crisis que son claras: Aumento de la pobreza extrema, mayor desconfianza hacia modelo de China, mayor desconfianza hacia política exterior de los EU, más giros populistas y más peso del PIB en gasto público, etc.

El estudio también observa algunos riesgos en México: posibilidad de registrar deflación por una mayor oferta laboral y de bienes y servicios ya que los hogares deciden no consumir, una crisis de liquidez que se convierta en crisis de crédito y que a su vez lleve a una crisis de solvencia y la quiebra de empresas y de bancos pequeños.

Una desglobalización del comercio más rápido de lo esperado que detenga la inversión y la migración de personas, un pico en el riesgo financiero que lleve a un efecto dominó en el sector corporativo, incluso en los sectores fuertes como el industrial, la vivienda y la tecnología (más allá de los más expuestos como aerolíneas, turismo y todo el clúster de retail).

Afirma que México será un perdedor en esta crisis en el corto plazo, porque el magro paquete de ayuda llevará a quiebras de al menos la mitad de los cuatro millones de microempresas y de las cerca de 200,000 PIyMES, además del freno en la inversión en respuesta a la incertidumbre en la gestión del gobierno y de la crisis misma.

Muchos negocios formales e informales se perderán irremediablemente, sin embargo, para quienes abrieron sus empresas en la legalidad cerrar operaciones implica cumplir con trámites de acuerdo a la ley.

Una encuesta de la ASEM (Asociación de Emprendedores de México) arrojó que, de los emprendedores que han cerrado una empresa, solo 12.3% formalizó el trámite ante notario y de estos 70.6% pagó hasta 40,000 pesos y 42.3% le tomó tres meses finalizarlos. Derivado de estas y otras observaciones impulsadas por la ASEM en el 2018 se hizo una reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles para simplificar el cierre de compañías.

Se abrió un portal gubernamental para realizar todo el proceso en línea, pero no se aplica para todos los casos, el beneficio es para las empresas que cumplan con ciertos requisitos: que los socios o accionistas sean personas físicas, que no tengan un objetivo ilícito, no haber realizado operaciones ni emitido facturas electrónicas en los últimos dos años y estar al corriente con las obligaciones fiscales, laborales, de seguridad social y sin problemas legales entre otros.

Se debe nuevamente revisar la ley y los mecanismos del proceso, la quiebra de un negocio es un impacto muy grande y doloroso no solo económico, también emocional para el emprendedor, disminuir los trámites y además de regular los costos que el “monopolio” de los notarios al fijar cuotas, pues siguen ejerciendo en contra de la economía del empresario significaría ayudarlo en tiempos difíciles. Hacer leña del árbol caído ya no es opción en medio de la pandemia.

Cierran sus puertas 7 de cada 10 compañías en el país en los primeros cinco años de vida, de acuerdo con el estudio Esperanza de vida de los negocios del (INEGI) pero esta cantidad va a subir inevitablemente derivado de la crisis del Covid-19.

Según el Egade Business School del Tecnológico de Monterrey en el análisis “Navegando por el cambio entre lo transitorio y lo perenne: tesoros en la obscuridad de la crisis 2020” de Jorge A. Martínez-González anuncia consecuencias de la crisis que son claras: Aumento de la pobreza extrema, mayor desconfianza hacia modelo de China, mayor desconfianza hacia política exterior de los EU, más giros populistas y más peso del PIB en gasto público, etc.

El estudio también observa algunos riesgos en México: posibilidad de registrar deflación por una mayor oferta laboral y de bienes y servicios ya que los hogares deciden no consumir, una crisis de liquidez que se convierta en crisis de crédito y que a su vez lleve a una crisis de solvencia y la quiebra de empresas y de bancos pequeños.

Una desglobalización del comercio más rápido de lo esperado que detenga la inversión y la migración de personas, un pico en el riesgo financiero que lleve a un efecto dominó en el sector corporativo, incluso en los sectores fuertes como el industrial, la vivienda y la tecnología (más allá de los más expuestos como aerolíneas, turismo y todo el clúster de retail).

Afirma que México será un perdedor en esta crisis en el corto plazo, porque el magro paquete de ayuda llevará a quiebras de al menos la mitad de los cuatro millones de microempresas y de las cerca de 200,000 PIyMES, además del freno en la inversión en respuesta a la incertidumbre en la gestión del gobierno y de la crisis misma.

Muchos negocios formales e informales se perderán irremediablemente, sin embargo, para quienes abrieron sus empresas en la legalidad cerrar operaciones implica cumplir con trámites de acuerdo a la ley.

Una encuesta de la ASEM (Asociación de Emprendedores de México) arrojó que, de los emprendedores que han cerrado una empresa, solo 12.3% formalizó el trámite ante notario y de estos 70.6% pagó hasta 40,000 pesos y 42.3% le tomó tres meses finalizarlos. Derivado de estas y otras observaciones impulsadas por la ASEM en el 2018 se hizo una reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles para simplificar el cierre de compañías.

Se abrió un portal gubernamental para realizar todo el proceso en línea, pero no se aplica para todos los casos, el beneficio es para las empresas que cumplan con ciertos requisitos: que los socios o accionistas sean personas físicas, que no tengan un objetivo ilícito, no haber realizado operaciones ni emitido facturas electrónicas en los últimos dos años y estar al corriente con las obligaciones fiscales, laborales, de seguridad social y sin problemas legales entre otros.

Se debe nuevamente revisar la ley y los mecanismos del proceso, la quiebra de un negocio es un impacto muy grande y doloroso no solo económico, también emocional para el emprendedor, disminuir los trámites y además de regular los costos que el “monopolio” de los notarios al fijar cuotas, pues siguen ejerciendo en contra de la economía del empresario significaría ayudarlo en tiempos difíciles. Hacer leña del árbol caído ya no es opción en medio de la pandemia.

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