En un estado de Derecho, además de la vigilancia y apego a la normatividad, es importante generar esquemas donde se prevengan los delitos y las conductas antijurídicas en general. Para ello es necesario contar, además de bajos niveles de impunidad, con la participación de la sociedad civil mediante programas de inclusión.
En una sociedad como la nuestra, en que la economía y la disciplina financiera son fundamentales para el crecimiento económico, requerimos de apoyar la inclusión financiera de todas y todos los mexicanos, de tal manera que seamos capaces de fomentar el ahorro y el uso de la banca en beneficio propio y en aras de mantener una economía sana.
Recientemente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público junto con el Banco de México presentaron el Programa de Impulso al Sector Financiero, el cual tiene como objetivo impulsar y promover el crecimiento económico del país y erradicar la desigualdad económica existente en diversas regiones de México.
Uno de los planteamientos del Programa se refiere a permitir que los menores de edad que tengan entre 15 y 17 años puedan abrir cuentas bancarias sin contar con el requisito que los acompañe alguno de sus padres o tutores como se establece actualmente. Para la operación de dicho plan, el Ejecutivo envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para modificar la Ley de Instituciones de Crédito y el Código Civil Federal, a fin de dar paso a esta excepción de la tutela para abrir cuentas.
Al respecto, consideramos que existen diversos inconvenientes que haríamos bien en analizar; ello independientemente que la inclusión financiera es necesaria y, desde varios flancos, positiva.
Uno de los inconvenientes radica en el hecho de que la iniciativa prevé una serie de obligaciones para los bancos, particularmente de la información de que den los ejecutivos de la institución, sin embargo, no establece un régimen sancionatorio en caso de incumplimiento.
Pero el aspecto toral que se convierte en un foco rojo de esta iniciativa radica en las circunstancias que rodean al país. Actualmente se viven momentos de inseguridad graves que afectan muchas esferas sociales. Adicional a ello, el incremento de grupos de delincuencia organizada se convierte en una amenaza potencial, sobre todo para los jóvenes.
En un momento histórico donde hay una descomposición del tejido social, resulta alarmante eliminar la figura de la tutela para estos aspectos de inclusión financiera. Y es que la tutela no es una figura restrictiva, sino es un elemento de cuidado y atención infantil y juvenil, dada la vulnerabilidad en que se encuentra este sector.
Permitir que se abran y manejen cuentas bancarias sin el conocimiento y autorización de los padres o tutores, pone en riesgo a los jóvenes frente a miembros de la delincuencia organizada, quienes a través de aquellos menores que tienen cuentas bancarias podrían lavar dinero o introducirlos a la operación de grupos delincuenciales y poner en riesgo hasta su integridad física.
Entendemos la importancia de la bancarización, sin embargo, es fundamental repensar el programa para permitir que la tutoría prevalezca y se establezcan restricciones para evitar que el crimen organizado haga de esta situación una salida para su operación fraudulenta. Estamos obligados a legislar en beneficio de la sociedad y de la integración familiar.
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