/ miércoles 6 de enero de 2021

Explicación, responsabilidad y sanción

El pasado 28 de diciembre, cerca de las dos y media de la tarde, la gente en redes sociales reportaba la falta de energía eléctrica. Dicha circunstancia no hubiera sido inusual si esa queja no se hubiera replicado en diversas zonas no de una región, sino de todo el país. De inmediato, personas de la Ciudad de México y municipios del Estado de México, no eran las únicas que señalaban la existencia de un apagón en sus viviendas, sino que se sumaron zonas tan distantes como Sinaloa o Yucatán.

La falta de energía eléctrica no fue de gravedad en cuanto a temporalidad, ya que al cabo de algunos minutos se restableció el servicio que, poco después, supimos a 10.4 millones de usuarios en casi la mitad de las entidades federativas del país, lo cual generó de forma inmediata una alarma y la búsqueda de explicaciones en torno a un tema que ha generado polémica en los últimos años debido a la reforma energética y a los múltiples cuestionamientos que se le han hecho a quienes encabezan la Comisión Federal de Electricidad.

En este tipo de casos, pro la complejidad que implica el suministro de energía eléctrica lo que se requiere, de forma inmediata y a través de todos los elementos reales, es una explicación clara, concisa, con elementos técnicos pero con un lenguaje ciudadano, de tal manera que se entienda la existencia de fallas naturales o errores humanos pero siempre con transparencia y, sobretodo, con la certeza de que se han puesto manos a la obra para evitar su repetición en condiciones más gravosas.

La explicación vino un día después de la voz de los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y del Centro Nacional de Control de Energía. Arguyeron que la causa del apagón fue una descompensación entre generación de energía y su salida, que tuvo como origen la afectación de dos líneas de generación en el Estado de Tamaulipas. Dicha afectación fue, según la CFE, debido a un incendio ocurrido en pastizales de dicha entidad donde estaban ubicadas esas dos líneas de generación, pero que había sido controlado y no volvería a ocurrir para tranquilidad de muchos.

El problema de fondo es que, para justificar esa versión oficial, la CFE presentó un documento en el que el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas informaba de la atención que se dio a dicho incendio, sin embargo, el propio Gobierno de Tamaulipas informó que ese documento no fue emitido por la Coordinación y que, desde luego, la firma fue falsificada, lo cual evidenciaron con la denuncia que presentaron ante la FGR hace algunos días donde la comparativa de una firma original y la de ese documento, muestra la clara alteración.

Lo sucedido, ya no por el apagón sino por la facilidad de falsificar un documento oficial por parte de una dependencia federal preocupa y mucho. De entrada, con ello no queda firme la razón por la cual ocurrió el apagón, ya que si falsificaron un documento implicaría que algo se pretende ocultar. Por otro lado, la falsificación en sí es tan grave como un delito, por lo cual se debe investigar a fondo para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidad.

El pasado 28 de diciembre, cerca de las dos y media de la tarde, la gente en redes sociales reportaba la falta de energía eléctrica. Dicha circunstancia no hubiera sido inusual si esa queja no se hubiera replicado en diversas zonas no de una región, sino de todo el país. De inmediato, personas de la Ciudad de México y municipios del Estado de México, no eran las únicas que señalaban la existencia de un apagón en sus viviendas, sino que se sumaron zonas tan distantes como Sinaloa o Yucatán.

La falta de energía eléctrica no fue de gravedad en cuanto a temporalidad, ya que al cabo de algunos minutos se restableció el servicio que, poco después, supimos a 10.4 millones de usuarios en casi la mitad de las entidades federativas del país, lo cual generó de forma inmediata una alarma y la búsqueda de explicaciones en torno a un tema que ha generado polémica en los últimos años debido a la reforma energética y a los múltiples cuestionamientos que se le han hecho a quienes encabezan la Comisión Federal de Electricidad.

En este tipo de casos, pro la complejidad que implica el suministro de energía eléctrica lo que se requiere, de forma inmediata y a través de todos los elementos reales, es una explicación clara, concisa, con elementos técnicos pero con un lenguaje ciudadano, de tal manera que se entienda la existencia de fallas naturales o errores humanos pero siempre con transparencia y, sobretodo, con la certeza de que se han puesto manos a la obra para evitar su repetición en condiciones más gravosas.

La explicación vino un día después de la voz de los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y del Centro Nacional de Control de Energía. Arguyeron que la causa del apagón fue una descompensación entre generación de energía y su salida, que tuvo como origen la afectación de dos líneas de generación en el Estado de Tamaulipas. Dicha afectación fue, según la CFE, debido a un incendio ocurrido en pastizales de dicha entidad donde estaban ubicadas esas dos líneas de generación, pero que había sido controlado y no volvería a ocurrir para tranquilidad de muchos.

El problema de fondo es que, para justificar esa versión oficial, la CFE presentó un documento en el que el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas informaba de la atención que se dio a dicho incendio, sin embargo, el propio Gobierno de Tamaulipas informó que ese documento no fue emitido por la Coordinación y que, desde luego, la firma fue falsificada, lo cual evidenciaron con la denuncia que presentaron ante la FGR hace algunos días donde la comparativa de una firma original y la de ese documento, muestra la clara alteración.

Lo sucedido, ya no por el apagón sino por la facilidad de falsificar un documento oficial por parte de una dependencia federal preocupa y mucho. De entrada, con ello no queda firme la razón por la cual ocurrió el apagón, ya que si falsificaron un documento implicaría que algo se pretende ocultar. Por otro lado, la falsificación en sí es tan grave como un delito, por lo cual se debe investigar a fondo para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidad.

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